Aumentar impuestos, acabará con la industria anchovetera

Buenas noticias pesqueras. Días atrás culminó de manera exitosa la primera temporada de pesca de anchoveta en la zona centro-norte del país. No obstante la incertidumbre política por el anuncio de Pedro Castillo de convocar a una constituyente y la designación del Gabinete Bellido, se cumplió el objetivo de capturar las 2.5 millones de toneladas métricas asignadas como cuota por el Ministerio de la Producción.

Vale indicar que a pesar de todas las campañas de satanización desarrolladas por el radicalismo ambientalista de izquierda contra la industria pesquera, en relación a una posible "depredación" de la anchoveta, la biomasa está absolutamente saludable. Según los estudios del Instituto del Mar del Perú hay aproximadamente 10 millones de toneladas del recurso. 

¿Qué hace posible la conservación y sostenibilidad de la biomasa de la anchoveta peruana? La colaboración entre instituciones científicas estatales y la empresa privada que cumple todos los estándares ambientales y técnicos. No hay otra razón de este ordenamiento pesquero exitoso.

Ahora bien, en términos económicos la captura de los 2.5 millones de toneladas de anchoveta representa alrededor de S/ 1,200 millones y la creación de más de 700,000 puestos de trabajo. Es decir, un aporte directo para la reactivación económica nacional en medio de la crisis sanitaria y las lamentables decisiones del Ejecutivo comunista.

Sin embargo, a pesar de los excelentes resultados y el enorme esfuerzo público y privado por un ordenamiento anchovetero sostenible y rentable, todo indica que desde el gobierno de izquierda se pretende imponer mayores impuestos a un sector que, en medio de la crisis económica, de los arrebatos de la izquierda, continúa generando empleo.

En su mensaje a la Nación, Pedro Castillo señaló que se impondrían nuevos impuestos a la industria pesquera. Según el mandatario, con estos incrementos se obtendrán “mayores ingresos tributarios para el país y se generará mayor valor agregado e industrialización de los recursos naturales y marinos, así como empleo digno”. Si ello ocurre sencillamente se estaría condenando al sector pesquero industrial a la decadencia.

Un reciente estudio de la consultora EY indicó que el sector pesquero es uno de los más regulados, y que casi “el 50% de su utilidad operativa va al Estado, a través del pago de obligaciones que son de carácter tributario y social”. En este contexto, imponer más impuestos al sector pesquero sería restarle competitividad en una situación como la actual.

Por supuesto que, desde el Ejecutivo colectivista, semejante razonamiento parece absurdo. El sector pesquero industrial, aparte de pagar tributos, ha tenido que asumir durante la pandemia gastos y sobrecostos para la seguridad sanitaria del personal, por un monto de más de S/100 millones. De allí que es imposible mayores sobrecargas.

En todo caso, si el gobierno quiere más impuestos debería promover y facilitar otros sectores altamente rentables donde aún no existe ordenamiento legal. Por ejemplo en la acuicultura, donde los medianos y grandes inversionistas no pueden desarrollar proyectos todavía. Se estima que si el Perú potencia su producción acuícola podría exportar US$1000 millones, tres veces más de lo que ahora exporta, que es US$ 300 millones. Sin embargo, en el Ejecutivo no se pretende crear nuevas fuentes de riqueza, sino matar a la gallina de los huevos de oro.