Cobre contra el coronavirus

Ante la probable paralización de las actividades económicas en México, debido a la pandemia provocada por el coronavirus, diversas comunidades del estado de Chihuahua han solicitado al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declarar a la minería –el primer eslabón de todas las actividades productivas– actividad esencial para la economía mexicana. 

Ismael Lejía, secretario general del Sindicato Nacional Democrático, ha señalado la importancia de los minerales, especialmente el cobre, en la fabricación de equipos médicos. Por su alta capacidad conductiva y de mantenimiento del calor, el cobre se constituye en arma poderosa contra el coronavirus. Además, si la producción de cobre se paraliza, también la industria de equipos, accesorios e instrumentos médicos, tan necesarios en estos días para los sistemas de salud colapsados por las personas contaminadas con el coronavirus. Vale señalar que, desde la antigüedad, diversos recipientes y aparatos necesarios para el tratamiento de la salud humana han sido fabricados con cobre. 

Al respecto, un comunicado de los principales sindicatos de México –el Congreso de Trabajo (CT) y la Confederación de Trabajadores de México (CTM)– exhorta al presidente AMLO a la “conservación de las fuentes de empleo y el mantenimiento de las empresas para evitar el colapso de las economías familiares y del país”. Por su lado, otros dirigentes señalan que 656 comunidades mexicanas quedarán totalmente aisladas si la minería se paraliza. Asimismo, 18,000 empleos directos en Chihuahua se perderán si el gobierno de AMLO desoye el pedido de los gestores de la economía mexicana. En la misma posición de los sindicatos está la influyente Asociación de Mineros de Sonora A.C. (AMSAC), que señala que la minería no puede quedarse inactiva mientras los médicos, enfermeras y personal de salud realizan esfuerzos descomunales para contener al coronavirus. 

Declaraciones y comunicados institucionales mexicanos desenmascaran la intencionalidad política de las oenegés supuestamente medioambientalistas y sus relatos falsos sobre contaminación minera en estos momentos de emergencia mundial. Vale señalar que, en septiembre pasado, con el propósito de detener el proyecto de cobre Tía María en Arequipa, 15 organizaciones mexicanas vinculadas al comunista Grupo de Puebla (Foro de Sao Paulo) pidieron al presidente de la República, Martín Vizcarra, bloquear la licencia de construcción de la mina Tía María. El pedido de estas organizaciones, sin mayor relevancia en México, fue realizado por intermedio del conglomerado antiminero Red Muqui. Alegando falsos daños ecológicos, el marxismo y la izquierda peruana pretenden internacionalizar el conflicto Tía María. 

Tía María, proyecto de US$ 1,400 millones, prevé producir 120,000 toneladas de cátodos de cobre al 99.99% de pureza. Parte de ese cobre es destinado a la industria eléctrica, automotriz y estructural, así como a la extensa e innovadora industria médica y farmacéutica. 

De otro lado, minerales como la plata, por ejemplo, sirven para eliminar bacterias y tratar las infecciones causadas por quemaduras. Perú es el segundo producto de plata en el mundo. En este contexto, pretender paralizar la industria minera es ir contra las políticas de Estado vinculadas a la conservación de la salud en toda la comunidad mundial. ¿Cómo entender que pequeñas organizaciones mexicanas y peruanas, vinculadas al comunismo internacional, pretendan bloquear las inversiones que suministran el cobre para fabricar material quirúrgico, recipientes hospitalarios y equipos de alta tecnología? 

Tía María no es, entonces, un proyecto caprichoso de un grupo empresarial chupasangre e indiferente con el destino de la humanidad, como argumenta equivocadamente el círculo antiminero. El proyecto de cobre tiene su licencia de construcción de mina, que lo habilita legalmente para iniciar la construcción de la infraestructura minera aprobada en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Impedirlo en las circunstancias actuales es un suicidio para el país, y agudizará aún más las consecuencias económicas desastrosas de la pandemia.