De las oenegés antimineras a las oenegés contra la agroexportación

Nunca nos cansaremos de repetirlo: las oenegés antimineras de los sectores de la izquierda y el progresismo siempre fueron financiadas, de manera directa o indirecta, por los competidores internacionales de la producción de cobre del país. Los competidores necesitan que las minas peruanas no produzcan para incrementar su rentabilidad. Luego del gobierno de Ollanta Humala paralizaron nuevas inversiones mineras. Ahora pretenden hacer lo mismo con la agroexportación nacional.

El medio Salud con Lupa, financiado por la oenegé sudafricana Bertha Foundation –tal como se reconoce públicamente–, con “las investigaciones y reportes” de la oenegé inglesa Water Witness, ha publicado una serie de desinformaciones y leyendas en contra del sector agroexportador. Según la Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú (AGAP) es absolutamente falso que los cultivos de uva, arándanos y otros de agroexportación afecten la disponibilidad del agua en Ica. Cualquier problema hídrico en el valle de Ica, sostiene AGAP, se debe a la falta de infraestructura hidráulica, la extendida informalidad y la limitada capacidad de gestión y control de las entidades del Estado.

Salud con Lupa, el medio digital que demoniza a los cultivos de uvas y arándanos del Perú, es financiado por Bertha Foundation, una oenegé de origen sudafricano. Es decir, es financiado por Sudáfrica, uno de los principales competidores del Perú en uvas y arándanos en los mercados mundiales. ¿Se puede permitir una licencia de este tipo para liquidar la producción nacional?

Al respecto vale señalar que el Perú es el primer exportador de uvas frescas y arándanos del planeta, y el segundo en paltas. Sudáfrica exporta uvas, naranjas, mandarinas, paltas y arándanos. Y tiene el apoyo antinacional de algunos sectores de la izquierda.

Salud con Lupa, el medio en contra de las agroexportaciones nacionales, utiliza un “informe de investigación” elaborado por la oenegé Water Witness International, una entidad que con sus “informes de investigación” carentes de cualquier rigor técnico busca detener el avance de las agroexportaciones en los mercados mundiales.

Por ejemplo, en el intento de demonizar los cultivos de uvas y arándanos, según información de AGAP, no presentan las cifras de consumo de agua establecidos por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Se desinforma adrede señalando que la Laguna de Choclococha moviliza 490 millones de metros cúbicos de agua anuales. Según información del ANA solo se registra 130 millones de metros cúbicos y alrededor de 20 millones de metros cúbicos de la Laguna de Ccaracocha. Las dos lagunas están emplazadas en Huancavelica. El objetivo de la desinformación es que, frente a cantidades de agua inexistentes, se construya la imagen de “depredadores del recurso hídrico”. 

Por otro lado, en la estrategia de desinformación se repite la leyenda acerca de que el uso de aguas subterráneas de parte de las empresas afecta al consumo de agua de los pequeños productores. No hay investigaciones ni evidencias que posibiliten afirmar que los pozos se están secando, señala AGAP.

Es evidente que estamos ante una nueva campaña de las izquierdas y el progresismo consciente, que busca financiamientos de manera inescrupulosa, sin reparar que al desarrollar estas campañas de desinformación favorece a los competidores internacionales del Perú. Ya ha sucedido en la minería y ahora se pretende embestir en contra de la agroexportación, en el preciso momento en que se comienzan a movilizar inversiones bajo la influencia del nuevo sistema tributario promocional del sector. 

Actualmente el sector agroexportador genera alrededor de 1.5 millones de empleos –entre directos e indirectos– y es la única explicación de que en las regiones agroexportadoras la pobreza se ubique por debajo del promedio nacional; incluso en Ica está por debajo del 6%. ¿Cómo se puede favorecer una campaña antiperuana? ¿Cómo se puede avanzar en contra de la asombrosa reducción de pobreza en Ica? Es hora de aplicar con gran energía la nueva ley APCI que establece una mayor fiscalización de los recursos externos que reciben las oenegés.