El déficit y la tendencia a aumentar impuestos

Es evidente que la situación fiscal del país es un asunto de extrema gravedad, sobre todo considerando que el país se encamina al tercer año de incumplimiento de la regla fiscal, una situación que puede poner en peligro los grados de inversión conseguidos a través del esfuerzo de varias generaciones.

El año pasado, por ejemplo, el déficit proyectado fue de 2.8% del PBI; sin embargo, se cerró el ejercicio fiscal en 3.6%. En este contexto, el aumento del gasto corriente se sitúa en 30% en promedio, consolidando una tendencia al crecimiento del gasto del Estado que representa un tercio del PBI nacional, de más de US$ 260,000 millones. Un gasto de ese tipo es gigantesco si consideramos que el Perú es una economía de ingreso medio y, peor todavía, si se repara en que el Estado no provee servicios mínimos de seguridad, justicia, salud, agua, desagüe y otros temas vinculados a las infraestructuras básicas.

En este contexto, es imposible discutir una posible reforma tributaria que debería considerar la simplificación del sistema de cobro de impuestos y también la rebaja de las tasas con el objeto de lanzar un shock de formalización de la economía y trasladar recursos al sector privado para multiplicar los procesos de inversión y reinversión. Asimismo, bajo este tipo de Estado surge “un defensor de la disciplina fiscal” que ignora u olvida la urgencia de la reforma del Estado y cuya propuesta, inevitablemente, aterrizará en el aumento de impuestos para seguir sosteniendo el gasto estatal y financiando el aumento del gasto corriente que promueven los políticos en el Ejecutivo y el Congreso.

Si no se aborda el problema del tamaño y las ineficiencias del Estado estaremos bajo la trampa progresista de algunos defensores de la disciplina fiscal y, tarde o temprano, llegará la propuesta del aumento de los impuestos, tal como quiso desarrollar el ex ministro de Economía José Arista, con el objeto de perpetuar los irresponsables rescates de Petroperú, una empresa quebrada que extrae recursos de los peruanos para financiar las estrategias clientelistas de la izquierda.

Para enfrentar el problema del déficit fiscal, evidentemente, es necesario acabar con el aumento del gasto corriente y la multiplicación de exoneraciones sin ninguna justificación técnica (como sucede en el caso de las zonas francas), sin embargo, si no se enfrenta la reforma del Estado burocrático no hay solución. Todo será ilusión hasta la próxima crisis.

El Estado peruano es uno de los más burocráticos de la región, lleno de sobrerregulaciones, oficinas y ministerios sin ninguna justificación en la sociedad. Del total de 19 ministerios del Ejecutivo por lo menos la mitad de ellos deberían ser cancelados. El Ministerio de la Mujer, el de Ambiente y el de Cultura en promedio consumen S/ 3,000 millones anuales. En una década representarían S/ 30,000 millones sin considerar la evidente tendencia al aumento del gasto corriente. ¿Cómo se puede recuperar la disciplina fiscal sin acabar con el Estado burocrático?

Y lo peor de todo es que el Estado burocrático crea un círculo vicioso que solo lleva a más Estado, a más burocracia y oficinas. Por ejemplo, el Estado burocrático, al bloquear inversiones privadas, es fuente de pobreza y aleja a los más pequeños de la formalidad. En este escenario el crecimiento se lentifica, el modelo deja de reducir la pobreza y comienza la propaganda acerca de la necesidad del papel del Estado en la redistribución de recursos a los más excluidos. A partir de allí, se crean más oficinas, más sobrerregulaciones y se consolida el poder de los burócratas, no obstante que el Estado y sus ineficiencias son los únicos responsables de la situación.

En el fin del Estado burocrático y su reforma, entonces, se juega la estabilidad fiscal del país y también el futuro de la libertad económica.