Essalud al borde del desfinanciamiento

El Congreso acaba de aprobar la ley que incorpora al régimen de la actividad privada (Decreto Legislativo N° 728) a los médicos y administrativos de Essalud que están trabajando bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) por dos años o más. De acuerdo con esta iniciativa, alrededor de 12,000 trabajadores –entre médicos, enfermeras y administrativos– pasarían a un nuevo régimen laboral que incrementaría considerablemente los gastos de la seguridad social.

No obstante que todos reconocemos la heroica labor de nuestros médicos y enfermeras para enfrentar la pandemia, surge la pregunta: ¿es posible con esta norma siquiera imaginar una reforma meritocrática en Essalud? Es evidente que no. El desarrollo de un nuevo régimen laboral y la promoción del personal de salud no puede hacerse sin evaluación meritocratica porque es el peor enemigo de la eficiencia.

La decisión del Congreso sobre los trabajadores de Essalud contratados por CAS, de otro lado, significará un aumento en los gastos de la seguridad social de aproximadamente S/ 1,000 millones, en precisos momentos en que los recursos escasean en la seguridad social para hacer frente a la explosión de las infecciones y el colapso del sistema hospitalario. 

Siempre vale considerar que Essalud, si bien tiene una relación con el Estado, es una entidad de la sociedad, en cuyo directorio participan los representantes de los trabajadores, de la empresa y del propio Estado. En ese sentido, que el Congreso decida cambios en el régimen laboral que significarán gastos del orden de los S/ 1,000 millones no solo viola la prohibición del Congreso de tener iniciativa de gasto, sino que vulnera la autonomía de una entidad que le pertenece a los aportantes de la seguridad social y a la sociedad en general.

Los políticos, de una u otra manera, siempre han observado a Essalud como un espacio de clientelas. El Ejecutivo, por ejemplo, propuso la creación de un sistema unificado de salud que, en la práctica, hubiese significado la absorción de Essalud por el Estado, en detrimento de una entidad que le pertenece exclusivamente a los trabajadores, empresarios y la sociedad en general.

De otro lado siempre vale considerar otros aspectos de la crisis de la Seguridad Social. Por ejemplo, en el Libro Blanco de Essalud, elaborado por las autoridades del sistema, se establece que el sistema de seguridad social tiene un déficit de S/ 32,000 millones en infraestructura. Asimismo, antes de la pandemia las autoridades de Essalud advirtieron que en el 2020 los gastos iban a superar largamente a los ingresos de la entidad, mientras que los sectores privado y público mantenían una deuda acumulada de S/ 4,2000 millones de soles a la seguridad social.

Por todas estas consideraciones la ley aprobada en el Congreso tiene un contenido populista e ignora la realidad del sistema de seguridad social en el Perú. Sobre todo cuando, más allá de las críticas, Essalud ha cumplido 84 años de existencia en medio de la pandemia y ha logrado implementar 15 villas de Essalud a nivel nacional para atender a pacientes de Covid.