Estado dejará de recibir US$ 280 millones por los conflictos en torno a la minería

En los nueve meses que llevan en el Gobierno Pedro Castillo y Perú Libre se ha hecho más que evidente su voluntad de dejar a las más importantes minas del país Perú a merced de grupos radicales y violentistas. El Ejecutivo ha renunciado a ejercer la autoridad democrática y a aplicar la Constitución y las leyes, que garantizan el orden y la paz social, y con esa decisión ha quebrado el sistema de propiedad minera en el Perú. La intención parece ser la de estatizar los recursos mineros; especialmente el cobre, porque  el Perú es el segundo productor mundial del metal rojo. Un plan que se viene ejecutando abiertamente desde el inicio de este Gobierno, con los primeros ministros con los primeros ministros Guido Bellido y Mirtha Vásquez.

Lo que no se destaca suficientemente son las terribles consecuencias económicas de este plan, típico de los gobiernos bolivarianos (en Venezuela Chávez estatizó el petróleo, en Bolivia Morales estatizó el gas). Según Apoyo Consultoría en el 2002 los conflictos sociales en torno a la minería reducirán el valor de las exportaciones mineras en US$ 650 millones. Eso significa que el Estado dejará de percibir US$ 280 millones de ingresos solo por la estrategia estatista del Gobierno con respecto a la minería. Y las principales perjudicadas son aquellas regiones cuyos presupuestos dependen casi exclusivamente del canon minero. Por ejemplo Apurímac, donde está ubicada la mina Las Bambas, que aporta el 1% al PBI nacional y que representa el 9% del PBI minero y más del 75% del PBI de la región. 

Lo más lamentable es que esta estrategia del Gobierno contra la minería se produce en un momento en que los precios de los metales están al alza, en lo que los especialistas llaman un “superciclo”. Esto se debe a la creciente demanda mundial, generada por la transición hacia una economía de emisión cero y “descarbonizada”, para lo cual tienen un rol clave metales como el cobre, zinc y litio. Son metales que produce nuestro país, lo que nos abre un futuro prometedor y a la vez un desafío: atraer inversiones de primer nivel, que permitan generar más puestos de trabajo,que  dinamicen la economía, que paguen impuestos y que beneficien a toda la población. 

Actualmente, en el Perú hay muchos proyectos que están paralizados porque no se logra establecer acuerdos entre las comunidades y las empresas. Y esos acuerdos se entorpecen porque el Gobierno alienta una actitud “rentista” entre los pobladores de las zonas de influencia directa de las minas, quienes obtienen grandes beneficios económicos sin realizar ningún trabajo ni esfuerzo. Y esta actitud rentista es replicada incluso en lugares muy alejados de las zonas de influencia directa de la mina. Recordemos que entre los más agresivos enemigos de Las Bambas están varios grupos de comunidades cusqueñas, ubicadas a más de 100 kilómetros de la mina.

Un claro ejemplo de esta actitud rentista es el de Edison Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba y uno de los más agresivos opositores a las actividades de la mina Las Bambas. Vargas ha recibido alrededor de S/ 1.6 millones de la empresa minera cuando se produjo el reasentamiento de la vieja Fuerabamba a la nueva Fuerabamba. Además, una empresa de Vargas alquila camionetas a MMG-Las Bambas. Y en premio, a su violenta labor contra Las Bambas, Perú Libre ha designado a Vargas a una concejalía en las próximas elecciones municipales. Una clara prueba de que el partido de Gobierno está azuzando todos los conflictos sociales en torno a la minería.