Desde la independencia y la fundación republicana el Pe...
La prolongación de las medidas de emergencia (como la cuarentena) para enfrentar la pandemia del Codiv-19 y la recesión mundial, inevitablemente, sumirá a la economía nacional en una feroz recesión. Los economistas discuten si el PBI caerá 10% o 12%, incluso hay quienes se atreven a hablar de 20%. Igualmente, la discusión también se focaliza en si la pobreza aumentará en 5 ó 6 puntos porcentuales, al margen de la ayuda social del Estado.
En medio de esta discusión, hay una cifra aterradora: aproximadamente dos millones de personas perderán sus empleos cuando finalice la cuarentena decretada por el Ejecutivo, y el proceso de migración inversa –de la capital y las ciudades hacia las provincias– se acentuará. La pregunta entonces es, ¿a qué se dedicará la gente que regrese al interior? Considerando las escasas posibilidades de la agricultura y el comercio, es evidente que la minería informal se convertirá en una real posibilidad, sobre todo porque la onza de oro podría duplicar su precio.
En este contexto, en el Plan de Reactivación presentado por el Ejecutivo hay un marcado silencio con respecto a qué hacer con la minería artesanal. Un grave error, considerando que en cada campamento de la minería artesanal existen de 7 a 50 operarios que trabajan en el más absoluto aislamiento social. Igualmente, las más de 100 plantas de beneficio formales –que compran y procesan la producción de los mineros artesanales– trabajan en condiciones reales y posibles de aislamiento social. ¿Por qué entonces no se ha considerado la posibilidad de reiniciar las actividades en la minería artesanal, desarrollando protocolos sanitarios viables y realistas?
En el Perú existen más de 400,000 mineros artesanales, de los cuales dependen alrededor de 2 millones de personas de manera directa e indirecta. Sin embargo, desde el gobierno de Ollanta Humala, pasando por las administraciones de PPK y Vizcarra, la formalización de la minería es un fracaso total. El motivo: se pretende formalizar exigiendo a los mineros artesanales los mismos criterios que se demanda a la gran y mediana minerías. Por ejemplo, al pequeño minero informal se le exigen libros contables, contratos de explotación del mineral, cálculo de reservas probadas y las últimas declaraciones juradas. ¿Qué informal puede reunir todos esos requisitos?
La posibilidad de que miles de desempleados se vuelquen a la minería informal y el fracaso del proceso de formalización pueden convertirse en una combinación letal que multiplique la pandemia, si es que no se establece un plan de reactivación, protocolos sanitarios viables y un nuevo impulso para la formalización de la minería artesanal.
Los gobiernos regionales de Arequipa, Puno y La Libertad acaban de establecer protocolos para el reinicio de las actividades de la minería artesanal. Sería interesante que el Ejecutivo comprenda la magnitud del problema y proponga un plan integral de formalización al lado de criterios sanitarios para evitar una explosión de la informalidad y la pandemia.
En ese camino, convertir a las plantas de beneficio en aliados de la formalización y las estrategias sanitarias en contra de la pandemia del Codiv-19 es un elemento clave de cualquier objetivo del Estado. Quizá habría que restablecer el sistema de liquidación de compra, mediante el cual las plantas de beneficio descontaban el 4% del impuesto a la renta y el 18% del IGV en las compras que realizaban a los productores artesanales. Restablecer ese sistema, que era un puente entre la formalidad e informalidad, en forma conjunta con criterios sanitarios puede ser una de las claves para enfrentar un desborde social por el lado de la minería artesanal informal.
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