Golpe de Estado en Imarpe

Tal como advertimos en un reciente editorial, el gobierno de Martín Vizcarra, a través del Ministerio de la Producción (Produce), promulgó el Decreto de Urgencia 0015-2020 que modifica las reglas para nombrar a directores del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), entre ellos al presidente. A nuestro entender, el Ejecutivo –en alianza con algunas organizaciones no gubernamentales– pretende influenciar en la designación de la presidencia del Imarpe, al margen de los criterios técnicos que han significado que el trabajo de esta entidad sea reconocido a nivel mundial.

De alguna manera politizar la conducción del Imarpe ha sido el sueño de los ecologismos radicales que buscan bloquear la industria pesquera en el Perú. Igualmente politizar el Imarpe ha sido el objetivo de los mercantilismos y los pesqueros ilegales, que buscan acabar con el sistema de cuotas que ha posibilitado preservar la biomasa pesquera. Vale recordar también que diversas oenegés y sectores sindicales suelen denunciar la desaparición de la anchoveta. Sin embargo, en un estudio de Imarpe del 2018, se estableció que la biomasa de anchoveta era de 10.9 millones de toneladas; es decir, un 35% superior al promedio de los últimos 25 años. En otras palabras, las políticas implementadas por Imarpe han preservado la biomasa pesquera de manera estratégica.

¿Por qué entonces se promulgó el Decreto de Urgencia 015-2020 días antes de elegir a un nuevo Congreso? Según la ministra del Produce, Rocío Barrios, la modificación se debe a una recomendación de la FAO. No obstante, la supuesta recomendación no señala que se debería hacer cambios en la estructura, sino en las funciones del Imarpe. Además la recomendación de la FAO se hizo cuatro años atrás, en un contexto absolutamente distinto al de ahora con respecto a las nuevas instituciones creadas o fortalecidas en materia ambiental. A ello se debe sumar que desde ahora, según el decreto de urgencia, la elección del presidente del Imarpe deberá ser por concurso público vía el Servir y “ya no al dedazo” como dijo la ministra del Produce. Cosa curiosa porque en el Comité de Elección también participará Produce; es decir, como juez y parte. 

Uno de los datos más curiosos es que dicho decreto de urgencia ha sido saludado por algunos “especialistas” que pululan en el sector, quienes se han dedicado a construir una prédica contra la política pesquera del Imarpe en los últimos años. Según una encuesta de la ONG Oceana, en el 2017 el 95% de los especialistas del sector “consideró que la transparencia (en Imarpe) no se ejerce o se ejerce de forma parcial”. Sí, así es. Es Oceana, la misma organización que ha alertado más de una vez de la supuesta depredación de la anchoveta, depredación que ¡no existe! Asimismo, supuestos sindicatos de pescadores del norte peruano han saludado el “histórico cambio”. Sindicatos que en más de una ocasión se han opuesto a la pesca industrial de anchoveta. Tremendas revelaciones.

A todo lo anterior hay que agregar que el decreto de urgencia sería inconstitucional por la forma en la que se ha resuelto y promulgado. ¿Por qué? Porque según especialistas del derecho, el carácter de un decreto de urgencia obedece exclusivamente a eso, a alguna urgencia que amerite el cambio. Lo que ahora han hecho es un intento velado de quitarle la independencia a una institución científica.

Imarpe es una institución cuyo desempeño ha sido reconocido a nivel mundial. Es más, si hoy existe abundancia de recursos como la anchoveta es porque la institución ha aplicado ciencia. Este es otro golpe a la pesca industrial, después de la abolición del régimen especial de pesca.