“La república del trámite” amenaza el crecimiento

Según el Informe Doing Business 2020 del Banco Mundial (BM), el país ideal para hacer negocios es Nueva Zelandia, con una calificación de 86.8 puntos sobre 100. Le siguen Singapur (86.2), Hong Kong (85.3), Dinamarca (85.3), Corea (84), Estados Unidos (84), Georgia (83.7), Reino Unido (83.5), Noruega (82.6) y Suecia (82).

En estos países la predictibilidad institucional y las normas sólidas y transparentes agilizan la constitución de empresas y la realización de negocios. Asimismo, el común denominador es el desarrollo de sistemas electrónicos de comunicación eficaces. La creación de empresas, pago de impuestos, procedimientos administrativos, transferencia de propiedades y licencias de construcción se tramitan y resuelven de manera electrónica. 

Además, 115 países de los 190 evaluados por el BM se han lanzado a promover diversos tipos de reformas para dinamizar las inversiones. Arabia Saudita, Jordania, Togo, Bahréin, Tayikistán, Pakistán, Kuwait, China, India y Nigeria avanzan notablemente, ofreciendo facilidades a los negocios grandes o pequeños. En Oriente Medio y el Norte de África, con la simplificación de procedimientos, una licencia de construcción demora menos de un mes. 

A partir de los estudios realizados en los 190 países, se ha determinado que Perú ocupa el lugar 76, por debajo de Chile (59) y México (60). Venezuela ocupa el puesto 188 después de Haití (179). Para el BM, establecer pequeños y medianos negocios en América Latina todavía es complicado. México es el país mejor calificado, aún cuando no ha introducido reformas laborales, simplificación administrativa ni reducción de la burocracia estatal. Colombia lidera, en la región, las iniciativas legislativas para simplificar los procedimientos. 

El Perú aparece retrasado en estos aspectos frente a otros países de Latinoamérica, sobre todo en el cumplimiento de los contratos y las disputas comerciales entre las partes. Estos problemas se han convertido en obstáculos para la inversión. Los actos de corrupción en las contrataciones del Estado han ocasionado números entrampamientos en la continuidad de las obras públicas. 

De la misma manera, numerosos proyectos hídricos –como Chavimochic III, Alto Piura y Majes Siguas II– están detenidos por denuncias relacionadas con incumplimientos de contratos y actos de corrupción durante el proceso de contratación y ejecución de las obras. Denuncias que además son promovidas por sectores izquierdistas con fines políticos: detener la producción y crear climas de confusión y violencia.

Con el caso Lava Jato, gran parte de las inversiones en infraestructuras están en investigación o en procesos pendientes en el Poder Judicial. En este contexto, según Doing Business, en los rubros Cumplimientos de Contratos y Resolución de la Insolvencias, Perú retrocede y ocupa los puestos 83 y 90. Para el BM, una disputa comercial en Perú puede durar 478 días y costar 41% del monto demandado. Además, el cobro a la empresa demandada puede demorar más de tres años. 

Una de las causas de la lentificación del crecimiento de la economía es la ausencia de predictibilidad institucional y legal que se vincula a la crisis política, pero también a la excesiva sobrerregulación. No obstante que el Perú tiene 17 tratados comerciales, de una u otra manera, se ha convertido en la “república del trámite”, en una “sociedad del papeleo y de los procedimientos”. Las proyecciones de crecimiento de apenas 2% del PBI tienen mucho que ver con los retrocesos constantes del Perú en el ranking del Doing Business.

Siempre vale tener presente que si el Perú no logra crecer por encima del 3.5% no estará en condiciones de seguir reduciendo pobreza y absorber a los más de 250,000 jóvenes que se incorporan a la economía anualmente. En otras palabras, “la república del trámite” nos puede llevar a ser una sociedad que nuevamente aumente pobreza.