¡Ley de Promoción Agraria y licencia de Tía María ya!

Los principales diarios del planeta vinculados al mundo de las inversiones señalan que la disolución inconstitucional del Congreso aleja a nuestro país de los círculos virtuosos del crecimiento, las inversiones, la disciplina fiscal y el proceso de reducción de pobreza; todo lo contrario de lo que se observa en Chile y Colombia, por ejemplo. Carlos Alberto Montaner en El Nuevo Herald llega sostener que la corrupción pone al Perú al borde del abismo. Lo cierto es que el cierre del Congreso ha sido un golpe devastador para dos décadas de construcción de activos institucionales, económicos y sociales.

El hecho, terrible en sí mismo, debe seguir siendo denunciado. Sin embargo, la sociedad, la economía y la lucha contra la pobreza deben continuar. Y en la medida que la administración de facto de Martín Vizcarra detenta el poder político, económico y coercitivo, sigue siendo responsable del crecimiento y el proceso de reducción de pobreza. En este contexto, los inversionistas nacionales y extranjeros, así como los emprendedores de los mercados formales e informales, de diferentes formas han suspendido todos sus proyectos de mediano y largo plazo en espera de definiciones. La posibilidad de que la administración Vizcarra se inclinará a la izquierda juega en contra de cualquier posibilidad en la economía.

Por todas estas consideraciones la administración de facto está obligada a desmentir este tipo de versiones. Y no hay mejor manera de hacerlo que a través de la promulgación de la ley que amplía la vigencia de la Ley de Promoción Agraria –Ley N° 27360– y la ratificación de la licencia de construcción otorgada al proyecto Tía María, pendiente de una decisión en los próximos días en el Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Sucede que la ley que amplía la vigencia de la Ley de Promoción Agraria fue aprobada en el Congreso, pero el Legislativo no cumplió con el trámite de enviar la autógrafa al Ejecutivo para la correspondiente publicación. Por esa falta formal, la mencionada norma no está vigencia. Terrible para el proceso de reducción de pobreza en el campo.

Ahora que estamos en el imperio de lo fáctico, el Ejecutivo podría decidir publicar la mencionada norma buscando alternativas legales. Sin embargo, es fundamental enviar un mensaje a los mercados señalando que, no obstante el quiebre institucional, la sociedad y la economía siguen funcionando. Vale recordar que la Ley N° 27360, en menos de dos décadas, ha posibilitado incrementar las agroexportaciones de US$ 800 millones a cerca de US$ 7,000 millones, y se han incorporado a nuestras exportaciones 600 variedades de frutas y hortalizas.

Como sabemos la Ley de Promoción Agraria es atacada por la izquierda, los colectivismos y los comunismos, porque establece el mismo criterio de flexibilidad laboral que ha permitido formalizar el empleo en las sociedades desarrolladas. Igualmente consagra un sistema tributario menor al general para posibilitar inversiones de mediano y largo plazo. Ganan las inversiones y el proceso de reducción de pobreza rural. Pero la izquierda, que solo cree en el Estado como fuente de prosperidad, ataca las reducciones tributarias, porque impiden excesos en el gasto corriente estatal, así como de planillas y consultorías.

Asimismo, si el Consejo de Minería del MINEM se atiene a criterios estrictamente técnicos, no hay manera de negarse a ratificar la licencia de construcción del proyecto Tía María. En la última audiencia, por ejemplo, los opositores a la inversión minera solo se dedicaron a presentar argumentos ambientales que ya han sido absueltos en el Estudio de Impacto Ambiental. En otras, palabras fueron barridos en sus argumentaciones.

El Perú necesita señales claras de que el quiebre institucional de la República de ninguna manera va a significar el final del crecimiento basado en la inversión privada. Es complicado y difícil,lo sabemos. Pero allí están, a mano, la ampliación de la vigencia de la Ley de Promoción Agraria y la ratificación de la licencia de construcción otorgada al proyecto Tía María.