Los peligros de la minería ilegal en la Amazonía

La minería es, junto con el turismo y las agroexportaciones, uno de los tres motores capaces de llevar al Perú a un desarrollo pleno. En 2025, las exportaciones mineras alcanzaron los US$ 62,848 millones —un crecimiento de 27.2% frente a 2024—, representaron el 67.5% del valor total exportado por el país y aportaron más de S/ 24,000 millones en tributos. Dentro de ese desempeño, el oro tuvo un papel clave: las exportaciones auríferas sumaron US$ 23,244 millones, con un crecimiento de 48.8% respecto de 2024, consolidándose como el segundo producto de exportación minera del Perú después del cobre y representando el 25% del valor total exportado. Por ello, lo que ocurre en la Amazonía peruana con este mineral no es un problema ambiental periférico, sino una amenaza directa a una actividad estratégica para la economía nacional.

El contexto internacional ayuda a entender esta presión creciente. En 2026, la onza troy de oro creció y se mantiene alrededor de los US$ 5,000 —incluso alcanzando picos cercanos a los US$ 6,000 en enero—, consolidando un ciclo alcista excepcional. Este salto de precios se explica a raíz de que el mineral cumple la función de activo refugio: en un mundo con inflación elevada, tensiones geopolíticas y sistemas financieros volátiles, los inversionistas, fondos y bancos centrales compran oro para proteger su riqueza frente a la depreciación de las monedas y la incertidumbre de los mercados. Esta realidad hace que cada gramo de oro en el subsuelo amazónico equivalga a dinero en efectivo, lo que explica —y alimenta— la expansión de la minería ilegal de este mineral en la Amazonía peruana.

Así, esta actividad se convierte en una maquinaria industrial ilícita. Su método principal es la draga fluvial: máquinas flotantes que remueven el lecho de los ríos para extraer el sedimento aurífero, separando el oro mediante mercurio, una sustancia altamente tóxica. De acuerdo con el Observatorio de Minería Ilegal, esta actividad se expande a nueve regiones amazónicas; de las cuales destaca Madre de Dios —epicentro histórico—, con un número de dragas en La Pampa que pasó de 140 en 2021 a 1,613 en 2025, con cerca de 6,400 mineros ilegales operando en la zona; y Loreto, donde se registraron 688 dragas activas durante 2025, con picos de 42 en un solo día en el río Nanay, fuente de agua para decenas de comunidades indígenas y la ciudad de Iquitos. Asimismo, según la oenegé Conservación Amazónica, el saldo de afectados es de 73 comunidades nativas y más de 250 ríos y quebradas.

Las consecuencias son profundas. La deforestación acumulada por minería ilegal en la Amazonía peruana alcanza 139,169 hectáreas, con Madre de Dios concentrando el 97.5% del total; es más, solo desde 2024, más de 11,500 hectáreas adicionales fueron arrasadas. No obstante, el daño más silencioso es el del mercurio. El río Madre de Dios y sus afluentes transportan anualmente hasta 12 toneladas de este metal, el cual se transforma en metilmercurio en los cauces y se acumula en la cadena alimenticia: los peces carnívoros que consumen las comunidades indígenas contienen hasta tres veces más mercurio del límite seguro fijado por la OMS.

El daño en humanos es igual de alarmante, pues en comunidades como Maizal se han detectado niveles hasta 12 veces superiores a los límites recomendados, con efectos documentados sobre la memoria, la función ejecutiva y la salud renal. El costo económico de la minería ilegal en la Amazonía es igual de devastador. Solo en tres comunidades nativas de Madre de Dios —San José de Karene, Puerto Luz y Barranco Chico— la deforestación, la contaminación por mercurio y la sedimentación de ríos vinculadas a la extracción ilegal de oro generaron pérdidas estimadas en más de US$ 593 millones entre 2022 y agosto de 2023. 

Detrás de cada hectárea arrasada hay pesca perdida, agricultura desplazada, turismo frustrado y servicios ambientales —agua limpia, captura de carbono, biodiversidad— que ya no pueden sostener economías locales resilientes. Mientras tanto, una parte importante de los casi US$ 12,000 millones que mueve la minería ilegal a nivel nacional cada año sale justamente de estos territorios amazónicos sin dejar canon, sin dejar regalías y sin financiar la remediación de los mismos daños que provoca.