Populismo parlamentario contra instalación de antenas

No es exagerado señalar que, en medio de la peor pandemia de los últimos años, al Perú le han tocado el peor Ejecutivo y el peor Congreso. En ese sentido, causa alarma que desde el parlamento se pretenda nuevamente otorgar a las municipalidades plena autoridad para permitir o no la instalación de antenas en sus jurisdicciones. De tomar semejante decisión, el Congreso simplemente estaría liquidando la posibilidad de que los pobres tengan acceso a la telefonía e Internet, colocando más barreras estatales.

Días atrás la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso aprobó un predictamen para que las autorizaciones de instalaciones de antenas retornen a manos de las municipalidades. Es decir, el Congreso quiere modificar la Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones (Ley N° 29022), que ha permitido el crecimiento de este sector vital, y convertirnos en el país de los trámites, entregando dicha potestad a los gobiernos locales.

Desde el 2007, la referida ley permite obtener el permiso para instalar antenas de manera automática. Hoy los operadores se presentan ante los municipios y obtienen rápidamente una autorización; y en el caso de que se necesite mayor información sobre las antenas, las autoridades locales pueden exigirla a la empresa privada. De cambiarse la ley –es decir, si las municipalidades vuelven a otorgar estas autorizaciones– simplemente se generará una lentitud en los plazos, porque hoy no existen procedimientos de concesión homogéneos a escala nacional. En otras palabras, habrá más de 1,870 maneras de otorgar un permiso, una por cada municipalidad.

Lo anterior es simplemente una locura que generará, de inmediato, que se paralicen las instalaciones de antenas en un país cuyo déficit de antenas es de más de 30,000 (según la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional. Y no solo eso, si las autorizaciones caen en manos de los alcaldes es casi inevitable que muchos de ellos se opondrían a la instalación de antenas, llevados por los mitos sobre las contaminaciones ambientales que los ecologistas difunden de manera malintencionada.

Si dicha propuesta avanza y se modifica la ley, se perjudicaría directamente a los estudiantes escolares más pobres, sobre todo ahora que por la Covid-19 necesitan con urgencia el acceso a Internet. Ahora existen alrededor de cinco millones de personas sin conectividad y el 60% de nuestros estudiantes no tiene acceso a Internet, sin contar a los centros de salud rurales y a la Policía Nacional, para poner otros ejemplos. ¿No es acaso un crimen privar a los más pobres del acceso a Internet?

El Congreso debe rectificar de inmediato. Indecopi desechó una iniciativa legislativa similar años atrás; no obstante, hoy el estatismo parlamentario intenta replicar una norma sin lógica alguna. De lo que se trata es de que se eliminen todas las barreras burocráticas que hacen del Perú un esclavo de los trámites. Los pobres del Perú serán los primeros afectados.