Protocolos amenazan reactivación minera

Durante la semana pasada 39 empresas mineras solicitaron, al Ministerio de Energía y Minas (Minem), el reinicio de operaciones de 87 unidades productivas. Sin embargo, solo se autorizó a 31 unidades ese reinicio; se rechazaron 56 solicitudes, sobre todo las vinculadas a la mediana y pequeña minería. El motivo: los protocolos de bioseguridad –presentados para su evaluación a los sectores Salud (Minsa) y Minem– solo serían posibles para las actividades confinadas, aisladas de los poblados, y para compañías con mayor capacidad para enfrentar la pandemia del coronavirus. Punto. Los pequeños mineros, a morirse de hambre.

Manuel Fumagalli Drago, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) prevé para la primera fase de la reactivación económica una producción de 80% de la capacidad instalada. Vale señalar que –aún cuando los contagios por coronavirus no han alcanzado las zonas mineras por la reacción inmediata de las compañías, que confinaron sus actividades e hicieron pruebas de detección temprana a sus trabajadores– la sobrerregulación de los protocolos detiene en el mediano plazo la producción al 100%. 

Por ejemplo, las operaciones en Toquepala y Cuajone continuaron al 80% durante la cuarentena. Sin embargo, de ahora en adelante, Southern – concesionario de los dos proyectos– ha establecido protocolos de bioseguridad para los trabajadores que por razones excepcionales dejarán los campamentos. Para su retorno se prevé habitaciones de confinamiento total, con servicios higiénicos individuales, hasta confirmar que el trabajador está libre de contagio. La empresa está en capacidad de hacerlo, tanto en sus centros de operaciones como en los campamentos de los trabajadores. 

En este escenario, la pequeña y mediana minería han quedado fuera de los planes de reactivación económica debido a que la burocracia limeña no tiene la menor idea de que una operación minera es una actividad con aislamiento social natural, y que con un protocolo general podría reiniciar actividades con plena seguridad. Por los protocolos de bioseguridad –impuestos por la burocracia estatal, experta en detener el desarrollo económico– 400,000 trabajadores mineros informales quedan fuera de cualquier plan de reactivación económica. Es decir, más de dos millones de trabajadores indirectos, dependientes de la minería artesanal, también se quedan en la calle hasta que, según el Gobierno, termine la pandemia. ¿Cuándo será eso? Nadie sabe. 

En Arequipa, Puno y La Libertad, regiones con importante actividad minera pequeña y artesanal, las autoridades locales han desarrollado protocolos de protección sanitaria que empatan con la realidad, previniendo la continuidad del desarrollo económico de sus localidades. Además, vale señalar que el retorno de los trabajadores mineros no será de la noche a la mañana. Algunas compañías han dispuesto movilidad para los trabajadores desde cualquier punto del país hasta las operaciones. No obstante, deberán cumplir los protocolos de confinamiento, para asegurar que no hayan sido contagiados fuera de las minas durante la cuarentena. 

La minería es una actividad esencial para la economía nacional. Representa alrededor del 60% de las exportaciones totales, 12% de la producción nacional, cerca del 30% de la renta nacional y 13% de las inversiones totales. La minería grande, mediana, pequeña y artesanal reduce la pobreza ofreciendo empleo en todos los niveles profesionales y estratos sociales. Sin minería, la economía peruana sería inviable.