El mejor regalo, el mejor homenaje, para los trabajadores el 1...
Ha trascendido que en algunas regiones del país –sobre todo en el corredor vial del sur–, ante la inacción del Estado de derecho y las instituciones, comienzan a desarrollarse convergencias entre diversos sectores sociales e instituciones para enfrentar el avance de la minería ilegal que destruye el medio ambiente, afecta de gravedad la recaudación fiscal, los recursos de los gobiernos regionales y municipales y destruye la generación del empleo formal. Ha trascendido que los sindicatos mineros y los trabajadores de las regiones y municipios empiezan a discutir una serie de medidas para exigir que se asuman decisiones claras de parte del Ejecutivo, del Legislativo y de las demás instituciones del Estado en contra de la minería ilegal.
¿Cómo afecta a la recaudación fiscal y al empleo formal el avance de la minería ilegal? El asalto y la invasión de las concesiones formales que desarrollan exploraciones y explotaciones de acuerdo a las leyes nacionales se ha convertido en una constante. En la provincia de Pataz (en La Libertad) y en el corredor vial del sur el avance de la minería ilegal en oro y cobre se desarrolla sobre la violación de los derechos de propiedad establecidos. Y sin la intervención del Estado de derecho no hay nada que indique que las cosas vayan para menos. Goldman Sachs, por ejemplo, predice que la onza de oro podría llegar a los US$ 4,000 en el 2026, ante la guerra comercial que eleva la desconfianza en el dólar y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Asimismo, otras predicciones señalan que la libra del cobre podría llegar a los US$ 5. Con esos precios y sin acción del Estado de derecho nada detendrá a la minería ilegal.
El 2024 en Pataz, por ejemplo, se calcula que se movilizaron 12,000 camiones que transportaban el mineral ilegal robado a las concesiones formales, que salvaguardan el medio ambiente y pagan impuestos. En el corredor vial del sur, por otro lado, se movilizan alrededor de 300 camiones diarios que transportan el mineral ilegal con las tolvas descubiertas.
Ahora no solo se trata del mercurio que destruye la ecología en más de cinco regiones y más de 20 ríos de la Amazonía, sino que, en cuanto a la explotación del cobre, ha surgido un método artesanal de lixiviación mediante el cual se agregara chatarra de acero al mineral extraído y esa mezcla se combina con ácido sulfúrico. De la combinación surge una tierra que contiene alrededor de 70% de cobre. Esa producción ilegal se vende a las plantas de beneficio que comercializan el producto ilegal y aumentan la rentabilidad de la minería ilegal en cobre. De esta manera la extracción ilegal del oro y del cobre desata un daño ecológico que puede durar años y décadas.
La posibilidad de que los sindicatos y los trabajadores de las regiones y municipios –así como las poblaciones que demandan agua, desagüe, y otros servicios del Estado– se movilicen en contra de la minería ilegal, incuestionablemente, está sobre la mesa. La minería formal genera entre 230,000 y 250,000 empleos formales. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE) por cada empleo formal en la minería se crean entre 6 y 8 de manera indirecta en sectores como transporte, manufactura y construcción. No es exagerado, entonces, sostener que la minería ilegal cuando avanza sobre las concesiones formales afecta el empleo de alrededor de un millón y medio de personas.
Por otro lado, el 2024 la minería formal pagó en impuestos S/ 18, 384 millones, de los cuales se destinó S/ 8,070 millones a los gobiernos subnacionales. El avance de la minería ilegal, pues, es un golpe directo a las posibilidades de inversiones que cierren brechas de infraestructura en las regiones del país.
La inacción del Estado de derecho y del gobierno, y la distancia del Congreso con respecto al avance de la minería ilegal, pues, estaría creando una respuesta social de sectores y entidades que necesitan con urgencia detener esta economía ilegal que lo desorganiza y corrompe todo.
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