El discurso oficial y los vacíos estructurales del agro

El pasado 28 de julio, en su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte presentó un panorama optimista sobre los avances del gobierno en materia de infraestructura agrícola. Con cifras contundentes y un tono triunfalista, destacó la reactivación de grandes proyectos de irrigación como Chavimochic III, Chinecas, Alto Piura y, en particular, Majes-Siguas en Arequipa. “Hoy podemos decir con claridad: los hemos reactivado”, afirmó la mandataria, refiriéndose a obras que estuvieron paralizadas durante años.

En el caso de Majes-Siguas, Boluarte anunció que el proyecto irrigará más de 80,000 hectáreas y beneficiará a más de 35,000 familias, con el gobierno de Japón como nuevo socio estratégico. La decisión, aseguró, marca “un nuevo capítulo en la modernización del agro en el sur del país”. Y si uno se queda solo con los números, el escenario luce prometedor: cientos de miles de hectáreas nuevas para cultivo, miles de familias beneficiadas, y miles de millones de soles en inversión pública y privada.

Pero el problema no está en lo que se dijo, sino en lo que se omitió. El discurso presidencial no abordó los obstáculos estructurales que han frenado históricamente el desarrollo de proyectos como Majes-Siguas. Tampoco mencionó la necesidad urgente de una legislación específica que promueva las condiciones para que estos megaproyectos no solo se construyan, sino que realmente generen transformación productiva. En particular, no se hizo alusión a dos aspectos claves: la falta de una ley de promoción agraria que sustituya el régimen anterior, y la débil articulación del mecanismo de asociaciones público-privadas (APP), fundamentales para la inversión y operación eficiente en el agro moderno.

El proyecto Majes-Siguas, que busca ampliar en 23,000 hectáreas la frontera agrícola del sur, solo ha logrado poner en riego 16,000 de las 24,000 hectáreas previstas en su primera fase. Con el nuevo acuerdo con Japón, se busca acelerar la culminación de esa etapa y activar la tercera fase, Majes-Siguas III, que añadiría otras 23,000 hectáreas. Todo esto suena bien sobre el papel. Pero sin un marco normativo sólido que dé garantías al inversionista privado, que defina reglas claras para el uso del suelo y que promueva modelos empresariales sostenibles, el megaproyecto corre el riesgo de convertirse en una promesa más postergada.

Actualmente, el Perú cuenta con unas 250,000 hectáreas orientadas a la agroexportación. Con proyectos como Majes-Siguas, esa cifra podría más que duplicarse y llegar a 650,000. Pero ese salto no es automático. Requiere que el Congreso apruebe un régimen promocional moderno que incentive la formalización del trabajo rural, ofrezca seguridad jurídica y defina condiciones tributarias y laborales claras para las empresas que inviertan en estas nuevas tierras. Sin estas herramientas, la expansión agrícola no necesariamente se traducirá en desarrollo económico ni en mejora de vida para los agricultores.

Tampoco basta con construir canales o túneles si no se garantiza la gestión eficiente del agua y de la tierra irrigada. En el caso de Majes, hay preocupación sobre cómo se asignarán los nuevos terrenos. La experiencia ha demostrado que el minifundio no es viable en un esquema de agroexportación global. Si no se establece un mecanismo para que grandes, medianas y pequeñas empresas con capital y capacidad técnica accedan a los terrenos de forma ordenada y competitiva, se corre el riesgo de repetir errores del pasado: tierras mal aprovechadas, baja productividad y desorden territorial.

Más allá de Majes, la agenda hídrica del país sigue sin una política de Estado de largo plazo. El discurso de Boluarte celebró la construcción de qocha y zanjas de infiltración, la compra de maquinaria agrícola y el acceso a mercados internacionales para nuevos productos. Sin duda, son avances importantes. Pero todo eso debe enmarcarse en una estrategia integrada que conecte infraestructura, financiamiento, marco legal, asociatividad y acceso a mercados. De lo contrario, los esfuerzos seguirán siendo parciales y dispersos.

Majes-Siguas representa una oportunidad histórica para cambiar la dinámica del agro en el sur peruano. No se trata solo de sembrar hectáreas, sino de sembrar un nuevo modelo de desarrollo agrícola. Uno que combine eficiencia productiva, sostenibilidad ambiental, inclusión social y articulación público-privada real. Para lograrlo, el país necesita más que discursos optimistas: necesita decisiones políticas valientes, reformas legislativas urgentes y una visión coherente que trascienda gobiernos.

Porque si bien el agua riega los campos, es la política la que debe regar las oportunidades.