¿Se pretende destruir la unidad territorial del Perú?

Las llamadas corrientes progresistas y colectivistas necesitan destruir los estados nacionales, que se han venido consolidando en las últimas décadas a lo largo del planeta, para desarrollar sus estrategias de poder. Estas corrientes suelen alentar los enfrentamientos de entelequias llamadas “pueblos originarios” contra los estados nacionales para fragmentarlos, acabar con las democracias representativas y el sistema de libertades.

Sucede en Bolivia, en Perú, en Chile y también acaece en países desarrollados como España. Evo Morales es el principal movilizador de la fragmentación del territorio nacional con su propuesta de “república aymara y plurinacional”. ¿Cuál es el compromiso del gobierno de Pedro Castillo con esta propuesta?, es una pregunta central. 

Sin embargo, al margen del muñeco plurinacional, se acaba de conocer que en el Ejecutivo se discute un proyecto de ley que posibilitaría que los gobiernos regionales “reorganicen su ordenamiento territorial” para determinar el uso y las actividades económicas” que se desarrollarían en sus respectivas demarcaciones. En otras palabras, podrían decidir si en Cajamarca hay o no inversiones mineras.

Hay una primera cuestión de fondo y de forma. Aquí el único concepto de territorio que aceptamos es el definido por la Constitución Política del Perú que, en el artículo 54, señala que “el territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre…”. En el artículo 43 se establece que “la república del Perú es democrática, social, independiente y soberana…El Estado es uno e indivisible…Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes”.

En otras palabras, el territorio es único e indivisible, comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo; y el gobierno de este territorio se desarrolla a través de los soberanos nacionales: el Ejecutivo y el Congreso.

El progresismo mundial no solo ha alentado la destrucción de los estados nacionales mediante los argumentos de los pueblos originarios y las lenguas autóctonas, sino a través del gobierno de “los pueblos originarios de sus territorios”. El proyecto del Ejecutivo que pretende entregar a los gobiernos regionales “la organización de sus territorios” forma parte de esa agenda.

¿Por qué? La agenda anticapitalista de las corrientes progresistas, colectivistas y comunistas, por ejemplo, en el Perú busca detener a cualquier costo las inversiones mineras. Porque pretenden que aumente la pobreza o, simplemente, porque buscan favorecer a los especuladores mundiales del precio del cobre deteniendo inversiones y proyectos en el país.

Bajo estos criterios se podría determinar que el 80% de las minas se desarrollan en “cabeceras de cuenca” –sobre los 3,000 metros sobre el nivel del mar– y, por lo tanto, el Perú comenzaría un gigantesco proceso de reorganización social. ¿Semejante reorganización la decidirían los poderes soberanos elegidos mediante sufragio nacional; es decir, el Ejecutivo y el Congreso? De ninguna manera. El proyecto propondría que lo hagan los gobiernos regionales en consulta con las organizaciones sociales y privadas. En otras palabras, surgirían formas de soviets como alternativas al sistema republicano.

El proyecto que aprobaría el Ejecutivo, igualmente, propone que la presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se convierta en órgano rector de la organización del territorio.

Como se aprecia, es una nueva iniciativa que busca fracturar la unidad territorial del Perú consagrada en la Constitución, con el claro objetivo de desarrollar una agenda anticapitalista a través de la implementación de 24 políticas de minería diferentes y encontradas. 

Considerando la corrupción extendida en las administraciones regionales, los anuncios de la asamblea constituyente y de la nacionalización de los campos gasíferos y la propuesta tributaria del Ministerio de Economía –que le restarían competitividad a las inversiones–, ¿acaso alguien cree que habrá una nueva inversión minera en el Perú?

La sola discusión de este proyecto revela la naturaleza antiminera del Ejecutivo. En cualquier caso, el Congreso debe rechazar esta norma y comenzar a derogar todas las leyes y normas que establecen definiciones del territorio contrarias a los establecido en la Constitución.

La Carta Política no se defiende con proclamas.