Sin minería moderna, ¡viene la alianza minería ilegal-crimen organizado!

La expulsión de la minera canadiense Manhattan de Tambogrande, por una campaña de leyendas y mentiras de las corrientes progresistas y las oenegés anticapitalistas –bajo la supuesta defensa del mango y del limón–, ha desencadenado una verdadera devastación ambiental en la zona. Se calcula que alrededor de 5,000 mineros ilegales utilizan mercurio para extraer oro, se niegan a formalizarse y a pagar impuestos al fisco y han organizado todo tipo de economías ilegales paralelas: desde trata de personas hasta comercialización de drogas.

Allí está el resultado inevitable del ecologismo radical en contra de la minería moderna: minería ilegal, destrucción del medio ambiente, prostitución; es decir, un pequeño Far West. Y luego vienen los pistoleros del crimen organizado. El motivo: el precio de la onza de oro no cesa de subir (más de US$ 2,400). Se calcula que la minería ilegal produce dos millones de onzas de oro, una cantidad que representa US$ 5,000 millones. ¿Cómo se exportan esas sumas del país?

Si hay dudas sobre la alianza de la minería ilegal y el crimen organizado, la mejor prueba son la violencia y muertes que ha desatado este binomio en la provincia de Pataz, en La Libertad. Los ataques a Minera Poderosa han dejado 9 muertos, 23 heridos y se han derribado 15 torres de alta tensión. Por otro lado, se calcula que diariamente salen 600 volquetes cargando mineral ilegal que no pertenece a las concesiones de la minería moderna.

Es evidente, pues, que la minería ilegal avanza cuando destruye los derechos de propiedad, cuando bloquea a la minería moderna, tal como sucedió en Tambo Grande y se pretende hacer en Pataz.

En este contexto, vale formularse la siguiente pregunta: ¿Cuál es la responsabilidad de los sectores antimineros radicales y las oenegés anticapitalistas que construyen fábulas para bloquear las inversiones de la minería moderna que preservan el medio ambiente, pagan impuestos y generan empleo formal? Una pregunta que debe responderse.

En el corredor vial del sur, por ejemplo, los relatos en contra de la minería moderna, de una u otra manera, han empoderado a decenas de mineros ilegales que comienzan a invadir las concesiones de las minas modernas que producen cerca del 40% del cobre nacional. Imaginemos por un momento que en el corredor vial del sur no estuviesen las minas modernas y formales de la zona y en su reemplazo hubiese miles de mineros ilegales explotando el cobre. ¿Se preservaría el medio ambiente? ¿Los gobiernos regionales de Apurímac y Cusco gozarían del canon minero? ¿Acaso el PBI nacional se beneficiaría con el 1% del PBI que aporta Las Bambas? Es evidente que no. La zona enfrentaría una tragedia que acabaría con los recursos hídricos para el consumo humano y la agricultura. Los pobladores se verían obligados a emigrar para evitar los pequeños Far Wests que se instalarían.

En Cajamarca, otra región en donde el radicalismo y las oenegés anticapitalistas han bloqueado inversiones de cerca de US$ 18,000 millones, convirtiendo a esta circunscripción en la más pobre del país, igualmente se comienza a reportar el avance de la minería ilegal en las provincias de Contumazá, Cajabamba y Hualgayoc.

El Perú es un país bendecido por sus recursos naturales. Sin embargo, si no se afirma el Estado de derecho, el respeto a la ley y a los derechos de propiedad, si no se consolida la minería moderna que preserva el medio ambiente, paga impuestos y genera empleo formal, entonces la bendición se convertirá en una maldición. El Perú será una tierra de nadie, un lugar privilegiado para el crimen organizado del mundo. Advertidos estamos.