¿Y la Ley de Promoción Agraria? ¿Qué pasa?

El clima de inversión se deteriora aceleradamente en el país. No solo por la desinstitucionalización, los enfrentamientos de poderes, la judicialización de la política, sino también por las malas decisiones que empiezan a asumir el Ejecutivo y el Legislativo. En este contexto, la lentificación del crecimiento (3.5% de expansión del PBI para el 2018) nos impedirá reducir pobreza y creará condiciones favorables para las propuestas antisistema.

A todo ello se suma que hasta hoy no se amplía la vigencia de la Ley de Promoción Agraria, Ley Nº 27360; a pesar de que todos los expertos señalan que para relanzar el boom agrario y promover nuevas inversiones la mencionada norma debería ampliarse por 30 o más años. Los beneficios tributarios y laborales de la Ley de Promoción Agraria están claramente definidos. Por ser inversiones de alto riesgo y de plazos no inmediatos, las empresas o personas naturales dedicadas al campo pagan por impuesto a la renta el 15% y recuperan de forma anticipada el impuesto general a las ventas (IGV).

Los trabajadores gozan de todos los beneficios laborales con contratos formales que incluyen la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, vacaciones remuneradas, indemnización por despido arbitrario, derecho de sindicalización, jornada de trabajo de ocho horas diarias y 48 a la semana, y aporte a EsSalud equivalente al 6% de la remuneración mensual, según último dictamen elaborado en el Congreso. Sin embargo, el premier César Villanueva ha señalado, en repetidas ocasiones, que el Ejecutivo Vizcarra observa el “pobre” incremento de 6% (era de 4%) de aporte a EsSalud por parte de las empresas agroindustriales. Y la izquierda insiste con eso de los “derechos adquiridos”, relacionados con una estabilidad laboral que empobrece moralmente y económicamente a los trabajadores, quitándoles la oportunidad de desarrollar todas sus capacidades vinculadas a la alta producción y competitividad.

No existe razón alguna para seguir deteniendo la ampliación de la vigencia de una ley que tantos beneficios ha otorgado al país. Un estudio de Apoyo Consultoría señala que, entre los años 1999-2010, se crearon más de 1.42 millones de puestos de trabajo. Como nunca antes, el campo se ha convertido en uno de los pilares de la economía, pasando a ser el segundo sector exportador del país. En 18 años, las agroexportaciones se incrementaron ¡en 800%!: de US$ 644 millones en 2001 a US$ 5,925 millones en 2017. Según el último Censo de Vivienda y Población 2017, la población de la costa agroexportadora se ha incrementado en cuatro puntos porcentuales debido a las mejores oportunidades de trabajo. La pobreza en la costa agroexportadora se redujo, entre el 2004 y 2017, de 67% a 19%. No hay, entonces, manera razonable de negar los beneficios que brinda al Perú la Ley Nº 27360.

Un reciente reporte de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) señala que el crecimiento de las agroexportaciones en setiembre pasado fue de 13% respecto al mismo mes del año anterior. Y según la Asociación de Exportadores del Perú (ADEX), el acumulado anual de exportaciones agrícolas, de enero a setiembre, es superior en 16% respecto al año 2017. Resultados alentadores en medio de las adversidades generadas por la mala política en el país.

¿Por qué al ministro del sector Trabajo, Christián Sánchez, en lugar de flexibilizar los contratos laborales, como en el sector agrario, se le ocurre promover la ley de negociaciones colectivas aprobada en el Congreso? La norma generará una oleada incontenible de convenios colectivos (con amenazas de manifestaciones públicas, paros y huelgas) irracionales que afectarán enormemente al sector público y, por consiguiente, también al sector privado y a las inversiones. Está claro que las fuerzas vinculadas a la izquierda, a las que pertenece el ministro Sánchez, intentan detener el avance económico del país por razones políticas.