Educación: ¡Una política de Estado basada en el mérito!

El nuevo gobierno, con José Antonio Chang a la cabeza del Minedu, hereda una Carrera Pública Magisterial que en el papel premia el mérito, pero que en la práctica sigue cediendo terreno a la presión gremial y a la improvisación normativa. La Ley de Reforma Magisterial, vigente desde 2012, estableció que el ingreso al magisterio público se produce únicamente por concurso, con evaluaciones periódicas de desempeño e incentivos para los docentes destacados. Ese diseño meritocrático es correcto. El problema es que, año tras año, el propio Estado erosiona el modelo con excepciones y concesiones.

Si bien la meritocracia hoy está focalizada en la Carrera Pública Magisterial, debería ser una política de Estado para todos los segmentos de la educación nacional si pretendemos convertir a la educación en una herramienta para construir capital social y avanzar hacia el desarrollo. Por ejemplo, la Ley N° 32584, promulgada en mayo, que modificó el nombramiento extraordinario de docentes de institutos y escuelas superiores tecnológicas, artísticas y pedagógicas. Ahora los profesores pueden ser nombrados sin haber obtenido el grado de maestro, requisito que antes era obligatorio, y disponen de cinco años posteriores al nombramiento para conseguirlo. Se trata de una flexibilización comprensible frente a la escasez de posgrados accesibles en regiones, pero también de un precedente peligroso: cada vez que se relaja un requisito "temporalmente", se normaliza la idea de que el mérito es negociable según la coyuntura política.

Este año también se evidenció la magnitud de la maquinaria administrativa detrás de la carrera docente: más de 162,000 profesores participarán en el Concurso de Ascenso de la Carrera Pública Magisterial, cuya prueba nacional se rendirá en septiembre, y más de 71,500 docentes nombrados postularon al Proceso de Reasignación 2026, que movilizó 61,244 plazas vacantes a nivel nacional. Son cifras que muestran un sistema vivo, pero también una carrera que depende excesivamente de exámenes puntuales y cuadros de méritos, sin un acompañamiento pedagógico continuo que realmente eleve la calidad del aula.

El frente gremial añade otra capa de tensión. En julio, docentes del SUTEP marcharon hacia el Ministerio de Economía exigiendo la reglamentación de la Ley de Pensiones Dignas y rechazando un bono de S/ 110 ofrecido en la negociación colectiva, además de reclamar aumentos remunerativos generales. Es legítimo que los maestros reclamen mejores condiciones: nadie exige calidad educativa de un docente mal pagado y desmotivado, para nada. Pero la respuesta correcta no es ceder a demandas indiferenciadas de aumento salarial parejo, sino profundizar en la meritocracia: pagar más a quien enseña mejor y no a quien más presiona en las calles sin mejorar la calidad de su servicio.

Aquí es donde el nuevo currículo se vuelve inseparable de la reforma docente. De poco sirve incorporar educación cívica, financiera o emprendedora, como prometió Fujimori en campaña, si el aula sigue en manos de un profesor sin actualización pedagógica y sin incentivos reales para mejorar. La evaluación de desempeño docente, obligatoria cada tres a cinco años según la norma vigente, debe dejar de ser un trámite administrativo y convertirse en el verdadero filtro de calidad del sistema, con comités de evaluación despolitizados y criterios ligados al aprendizaje efectivo de los estudiantes.

El desafío para el ministro Chang es concreto y yace básicamente en sostener el nombramiento por concurso, resistir la tentación de flexibilizar requisitos cada vez que un gremio presiona, y ligar cualquier mejora salarial a resultados verificables en el aula, no a la movilización callejera. Si la "revolución educativa" que promete este gobierno quiere ser algo más que un eslogan de campaña que queda en promesas vacías, deberá empezar por una premisa incómoda pero innegociable: en el aula peruana, el mérito.