La democracia no es un gran tribunal

La judicialización de la política ha llegado a tal extremo que el presidente Martín Vizcarra parece creer que su principal responsabilidad está en la lucha contra la corrupción. Su conversión en un “presidente legislador”, a través del referéndum y de la propuesta de reorganización del Ministerio Público, responde a ese objetivo. La declaración del presente año como el de “la lucha contra la corrupción” igualmente.

No se puede negar que el problema de la corrupción se ha convertido en el primero de todas las preocupaciones ciudadanas, tal como lo registran las encuestas. Tampoco se puede negar que los acentos y subrayados del presidente Vizcarra son legítimos y absolutamente entendibles. Pero creer que allí reside la principal responsabilidad del jefe de Estado es pretender reemplazar a jueces y fiscales o considerar que la gobernabilidad solo depende la popularidad. El presidente se subió a una ola, pero esta ola tiende a amainar. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo el jefe de Estado seguirá en el mismo libreto?

No se puede negar que la extrema judicialización de la política empezó cuando, en vez de utilizar su abrumadora mayoría legislativa para aprobar reformas y transformar el país, Fuerza Popular se dedicó a promover el choque Ejecutivo-Legislativo y la judicialización de los adversarios. Si bien el fuerzapopularismo comenzó esta espiral judicial, las prioridades del presidente Vizcarra, de una u otra manera, empiezan a convertir a la democracia en un gran tribunal. Si las cosas continúan así, el Perú empezará a recorrer el camino de las democracias plebiscitarias que terminaron entronizando a caudillos de diverso signo.

La única manera de detener esta espiral que pretende judicializarlo todo es asumiendo la decisión de que el Ejecutivo, el Congreso, los partidos y el espacio público se encarguen de la política, la gobernabilidad y las reformas, sin interferir en la labor de los jueces y fiscales. La gobernabilidad implica resolver los problemas de gobierno e impulsar las reformas para que la democracia, la economía y la sociedad perfeccionen el contrato social. Hoy parece que las reformas judicial y política están contaminadas por la polarización, más allá de que las encuestas de IPSOS pretendan señalar que la democracia funciona con sondeos y estados de ánimo circunstanciales. Gran parte de las reformas vizcarristas, tarde o temprano, serán revisadas. Sin embargo, el jefe de Estado, el Congreso y los políticos de buena voluntad están obligados a encapsular las diferencias y avanzar en las áreas posibles de reformar.

El Ejecutivo debe asumir las tareas de la reconstrucción del norte, el relanzamiento del crecimiento y la inversión, los problemas de la crisis de seguridad ciudadana, de la anemia y de la desnutrición infantiles, no solo por el bien del Perú, sino por la propia estabilidad de la administración Vizcarra. Si el Presidente no agrega gobernabilidad a su gestión, la popularidad se convertirá en una pompa de jabón.

De otro lado, en la medida que las reformas judicial y política han sido contaminadas por la polarización, quizá el Ejecutivo y el Congreso podrían encontrar espacios de convergencia para impulsar otras reformas. Por ejemplo, la reforma laboral, la simplificación administrativa, la reforma tributaria, el relanzamiento de las inversiones en infraestructuras y la focalización de la reforma educativa en la meritocracia de la escuela pública.

Si la democracia peruana no encuentra espacios y círculos constructivos para superar la extrema judicialización de la política, entonces significará que habrán ganado los aventureros de la política. Y también que, tras dos décadas de democracia, estaríamos entrando en una negra noche.