¡El Perú respalda la amnistía para los soldados y policías de la paz!

El Ejecutivo promulgó la ley de amnistía para los militares, policías y miembros de los comités de autodefensa, procesados por hechos acaecidos durante la guerra contrasubversiva entre los años 1980 y 2000. Es decir, delitos que acaecieron cuatro décadas y media atrás, y que afectan a ancianos en los últimos años de su vida, muchos de ellos con enfermedades terminales.

Apenas se promulgó la ley, la Corte IDH, las oenegés de izquierda y todas las versiones de las corrientes comunistas se pronunciaron abiertamente en contra e, incluso, llamaron a la norma “ley de impunidad”. Algunas asociaciones vinculadas a los jesuitas –la izquierda y el progresismo en la Iglesia Católica– en un comunicado sostuvieron que durante la violencia de los años ochenta, “tanto las fuerzas armadas como los grupos terroristas perpetraron violaciones sistemáticas de Derechos Humanos”. Como se aprecia, la izquierda en todas sus versiones ha convertido la lucha en contra de la amnistía a ancianos en una guerra del fin del mundo, hasta el extremo de equiparar la acción de las fuerzas de seguridad –que permitió recuperar la paz nacional– con la de los terroristas comunistas.

Los delitos que se imputan a las fuerzas de seguridad durante la guerra contrasubversiva entre 1980-2000 de ninguna manera pueden ser tipificados como delitos de lesa humanidad por la sencilla razón de que esa figura penal se incorporó a nuestra legislación en el 2002 cuando el Estado peruano ratificó el Tratado de Roma. Por lo tanto, todos los delitos considerados en ese periodo de acuerdo a nuestra Constitución y las leyes penales han prescrito. 

La Corte IDH y las oenegés de izquierda y un sector politizado del sistema de justicia se niega a aceptar este principio de cualquier derecho penal democrático. En este contexto, las investigaciones y juicios contra nuestros soldados se abren y reabren una y otra vez hasta sumar más de cuatro décadas de persecución.

La amnistía general a las fuerzas de seguridad se justifica plenamente, entonces, en el hecho de que en el Perú se ha violado el principio del plazo razonable en el proceso, según se establece en los artículos 7 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Un principio sin el cual no es posible hablar de la existencia de un debido proceso para los procesados (valga la redundancia).

La izquierda cuando se opone a la ley de amnistía para las fuerzas de seguridad se carga de un solo golpe dos principios penales sin los cuales no existe un debido proceso: el tipo penal (no existe lesa humanidad en el periodo 1980-2000) y el plazo razonable. Y como todos sabemos, sin debido proceso no hay Derecho Humano alguno ni Estado de derecho, y solo empodera la persecución del Estado, tal como sucedía con los procesos a los opositores del estalinismo.

El argumento falaz acerca de que se debió evitar una amnistía general y analizar caso por caso para evitar impunidades, en realidad, lo que nos plantea es que ancianos entre 85 y 90 años mueran perseguidos o en la cárcel, tal como sucedió con el almirante Luis Giampetri, uno de los héroes nacionales de la pacificación.

Si el Perú permite esta barbarie jurídica y constitucional y acepta estos criterios estalinistas, entonces, no tiene derecho a consolidarse en un Estado de derecho. Recientemente más de 300 soldados y policías –algunos con prisión preventiva– han sido judicializados por haber salvado el sistema democrático luego haber enfrentado la violencia insurreccional del golpe de Pedro Castillo. Una violencia que pretendía incendiar los aeropuertos del país y bloquear las carreteras nacionales con el objeto de instalar una asamblea constituyente. ¿Cómo se puede reclamar una política de seguridad ciudadana contra la ola criminal si no se respalda la integridad de las fuerzas armadas y policiales?

La estrategia de perseguir a perpetuidad a los soldados que enfrentaron en el comunismo ha sido parte de una lógica permanente del eje bolivariano, las corrientes progresistas y comunistas en la región. Una estrategia sin la cual no habrían llegado al poder en Chile, Colombia, Perú y Bolivia.