Berit Knudsen
Entre la transición y el reparto político
La crisis es estructural: reglas frágiles y partidos débiles convierten cada cambio en inestabilidad
El problema de fondo en el Perú no es el actual presidente con nombre propio o el gabinete de ministros recién nombrado. El problema es la forma en que el sistema político se ha reconfigurado, o desconfigurado, en los últimos años. Las reglas constitucionales que permiten remover presidentes o censurarlos con demasiada facilidad están en manos de partidos incapaces de sostener gobiernos con una mayoría estable o agenda compartida. El resultado es un Poder Ejecutivo que debe negociar con partidos fragmentados y un Congreso que actúa como actor, árbitro y beneficiario de la inestabilidad.
La vacancia de Dina Boluarte, la censura de José Jerí y la elección de José María Balcázar son parte de una dinámica recurrente. Cada reemplazo se presenta como salida constitucional, sin importar la confianza pública. Las mayorías parlamentarias se forman o disuelven según la conveniencia coyuntural para cada decisión o cambio de presidente. El sistema facilita la sustitución sin estabilidad.
El origen de esta situación está en la debilidad estructural de los partidos. Muchas agrupaciones funcionan como vehículos electorales o plataformas regionales; no como organizaciones programáticas con disciplina interna y horizonte de largo plazo. En ese contexto, los ministerios se transforman en espacios de influencia política más que en centros de ejecución técnica. Los gabinetes dejan de ser equipos coherentes, convertidos en la suma de carteras negociadas desde el Congreso.
La fragmentación electoral profundiza el problema. Presidentes elegidos con bajos porcentajes en primera vuelta conviven en congresos atomizados que operan mediante acuerdos sucesivos, sin coaliciones formales y transparentes. Los pactos son tácticos, ligados a votaciones específicas y no a compromisos programáticos sostenidos. La ciudadanía interpreta ese intercambio como “repartija”, no como deliberación orientada al bienestar general.
El mismo diseño institucional contribuye a la inestabilidad. Figuras como la vacancia por incapacidad moral, la censura ministerial o la disolución del Congreso fueron concebidas como mecanismos de control. Pero en escenarios con partidos débiles, son usados como herramientas de presión política. Cada actor sabe que puede activar una crisis y que el costo inmediato no recaerá necesariamente sobre quien la impulsa. Ello fomenta incentivos de corto plazo, pero posterga decisiones que requieren continuidad y responsabilidad.
A este cuadro se suma un factor menos visible pero decisivo: el deterioro educativo y la precariedad en la formación de cuadros políticos. La calidad de la educación pública ha retrocedido en las últimas décadas y los partidos no cumplen la función de formar líderes con preparación técnica, principios claros y cultura cívica. Esta combinación facilita la llegada al Parlamento de figuras sin experiencia, formación sólida o comprensión institucional, mostrando un comportamiento errático, confrontacional y poco orientado a la construcción de consensos.
En paralelo, el país ha mantenido estabilidad macroeconómica durante décadas. El Banco Central ha preservado la disciplina monetaria y la economía ha mostrado resiliencia. Sin embargo, ese orden económico no estuvo acompañado por una reforma profunda del Estado. El servicio civil, la gestión pública y los sistemas de control no se fortalecieron al mismo ritmo. El crecimiento permitió reducir la pobreza, pero no consolidó instituciones capaces de absorber el conflicto político sin desbordarse.
Esta situación persistente se explica por la combinación de reglas que facilitan cambios de gobierno, partidos sin cohesión programática, incentivos que premian acuerdos de corto plazo, un sistema educativo debilitado y un Estado que no se profesionaliza. Cada transición se vive como un episodio de crisis, porque no existe una base institucional que haga previsible el comportamiento de los actores. La política opera como contingencia permanente, sensación interpretada por la ciudadanía y los mercados como inestabilidad estructural más que crisis sucesiva.
















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