Estado de emergencia y Estado de derecho

Una sola marcha bastó para que ciertos sectores políticos y mediáticos reactivaran su vieja estrategia: culpar a la Policía Nacional del Perú (PNP) de todo lo ocurrido. Bastó un video recortado, una imagen descontextualizada, una frase distorsionada para volver a instalar la narrativa del “abuso policial”. Se dijo que los agentes lanzaron bombas lacrimógenas “contra el pueblo”, que “actuaron con violencia” y que “asesinaron” a un manifestante. Pero la verdad, esa que muchos prefieren callar, es que el policía no disparó a matar. Disparó al suelo, mientras era perseguido, golpeado y acorralado por un grupo violento. La bala rebotó y terminó provocando una muerte que hoy todos lamentamos, pero que fue un accidente, no un crimen.

Resulta indignante que en lugar de condenar a quienes convirtieron una manifestación en una batalla campal se ataque al único que cumplía su deber. En este país parece haberse invertido el orden moral: el policía que protege es culpable, y el que destruye es víctima. Pero sin Policía no hay orden, y sin orden no hay derechos. Los agentes que estuvieron en esa marcha no salieron a reprimir ideas, sino a impedir que el caos se apodere de las calles. Y lo hicieron amparados por la ley.

El artículo 166 de la Constitución establece que la Policía “garantiza, mantiene y restablece el orden interno”, y el Decreto Legislativo N.º 1186 regula el uso de la fuerza, exigiendo que esta sea proporcional, legal y necesaria. Eso fue precisamente lo que ocurrió. El disparo no fue arbitrario, sino parte de un procedimiento legítimo de defensa. Pretender convertir un acto de supervivencia en un “asesinato de Estado” es una manipulación inaceptable, alentada por quienes viven de la confrontación y necesitan enemigos para sostener su narrativa.

Mientras algunos construyen teorías, el país enfrenta una realidad: el crimen organizado crece, la inseguridad se multiplica y la violencia política vuelve a amenazar la paz social. Por eso, el presidente José Jerí declaró el estado de emergencia en Lima y el Callao mediante el Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM, por 30 días. La medida no busca reprimir derechos, sino restablecerlos. Permite que las Fuerzas Armadas trabajen junto a la PNP para garantizar la seguridad, frenar la delincuencia y evitar que hechos como los de esta marcha se repitan. No hay democracia sin autoridad, ni libertad sin orden.

En la Grecia antigua, la polis se sostenía en tres pilares: ley, orden y responsabilidad cívica. Los guardianes de esa ciudad no eran vistos como opresores, sino como garantes de la convivencia. Hoy, la PNP cumple esa misma función, pero enfrenta un enemigo más sutil: la manipulación mediática. Mientras los griegos honraban a sus defensores, en el Perú se les lincha en redes sociales.

Defender a la Policía no es justificar abusos, es defender la verdad. La bala no fue disparada con intención de matar, y la muerte no fue producto de la represión, sino del caos. Seguir mintiendo sobre ello no es activismo, es irresponsabilidad. Por eso, respaldar a la PNP en este momento no es una opción política: es un acto de justicia y de gratitud hacia quienes, en silencio, siguen protegiendo al Perú mientras otros se dedican a destruirlo desde un micrófono.