Formalizar el peligro, cosechar votos y lamentar tragedias

La irresponsabilidad política, el clientelismo electoral y la permisividad del Estado han contribuido a construir las condiciones para que cada fenómeno natural termine convirtiéndose en una tragedia social. Hay una responsabilidad que pocas veces se pone sobre la mesa cuando el Perú debe enfrentar un nuevo episodio del fenómeno de El Niño: la responsabilidad de quienes, desde el Estado, han contribuido durante décadas a crear las condiciones para que sus efectos sean cada vez más devastadores.

El Niño no es una sorpresa. No es un fenómeno desconocido ni una amenaza que aparezca de improviso. Sabemos que llega, conocemos sus consecuencias, identificamos las zonas vulnerables y disponemos de información técnica suficiente para anticipar buena parte de sus efectos. Sin embargo, pareciera que nuestras autoridades se empeñaran en ignorar todo aquello que deberían tener como prioridad.

Y es que el Estado peruano se ha convertido, probablemente, en el más eficiente colaborador de los desastres que después dice prevenir. Basta observar cómo se ha permitido el crecimiento desordenado de nuestras ciudades, cómo se han ocupado quebradas, cauces secos, fajas marginales, laderas inestables y terrenos expuestos a inundaciones. Pero lo verdaderamente escandaloso no es solamente que esas ocupaciones hayan ocurrido. Lo es, sobre todo, que muchas veces hayan contado con la tolerancia, la complicidad o hasta la participación activa de las propias autoridades.

Alcaldes que, en lugar de ejercer sus atribuciones para ordenar el territorio, han encontrado en la entrega de títulos de propiedad una extraordinaria oportunidad para ganar simpatías y cosechar adhesiones. Gobiernos regionales que miran hacia otro lado frente a ocupaciones que comprometen la seguridad de miles de familias. Autoridades nacionales que, conociendo esta realidad, no han sido capaces de establecer una política efectiva de prevención y control.

La formalización de la propiedad, que debería ser un instrumento para garantizar seguridad jurídica y mejorar las condiciones de vida de la población, ha terminado siendo utilizada, en no pocos casos, como una herramienta de clientelismo político. Se entregan títulos, se anuncian reconocimientos, se celebran ceremonias públicas y se exhiben fotografías de autoridades rodeadas de pobladores agradecidos. Lo que no se dice, lo que convenientemente se omite, es si esos terrenos reúnen las condiciones mínimas para ser habitados.

Porque un título de propiedad no es una autorización para poner en riesgo la vida de las personas. Tampoco puede convertirse en una especie de certificado de impunidad para quienes promueven o toleran ocupaciones en terrenos vulnerables. Y aquí aparece una de las mayores incoherencias de nuestra administración pública. Primero se permite la ocupación de terrenos inadecuados; después se promueve o facilita su formalización; posteriormente se llevan servicios de agua potable, alcantarillado y electricidad; se construyen escuelas, establecimientos de salud, comisarías y otras infraestructuras públicas. Es decir, el propio Estado termina consolidando asentamientos humanos en lugares donde, por razones elementales de seguridad, jamás debió promoverse la ocupación residencial.

¿Con qué autoridad moral puede después declararse sorprendido cuando las lluvias inundan esas viviendas, destruyen esas escuelas, interrumpen los servicios y ponen en peligro la vida de sus habitantes? Lo más grave es que esta práctica no distingue niveles de gobierno. Los municipios tienen responsabilidades en materia de desarrollo urbano, habilitaciones y control territorial; los gobiernos regionales deben cumplir sus competencias de planificación y prevención, y el Gobierno nacional tiene la obligación de articular políticas, establecer normas y garantizar que la gestión del riesgo de desastres no sea una declaración burocrática sin consecuencias.

Sin embargo, cuando llega la emergencia, todos parecen descubrir que existe un problema. Entonces comienza el desfile de autoridades, las visitas a las zonas afectadas, las declaraciones de solidaridad, los anuncios de presupuestos y las promesas de reconstrucción. Todos se muestran preocupados por las familias damnificadas, pero muy pocos parecen dispuestos a explicar quién permitió que terminaran viviendo allí.

Y no es que debamos desconocer la necesidad de vivienda de miles de peruanos. Sería injusto y hasta irresponsable trasladarles a ellos toda la culpa de una realidad que tiene profundas raíces sociales y económicas. Muchas familias ocupan esos terrenos porque no tienen otra alternativa, porque el mercado formal de vivienda les resulta inaccesible y porque encuentran autoridades que, en lugar de ofrecer soluciones sostenibles, les venden la ilusión de una seguridad que muchas veces no existe.

El problema, entonces, no es la necesidad de formalizar. El problema es formalizar irresponsablemente, convertir una demanda social legítima en una oportunidad política y utilizar la necesidad de los más pobres como moneda de cambio electoral. Hay que decirlo sin eufemismos: no todo terreno ocupado debe ser formalizado, no toda ocupación debe ser reconocida y no toda demanda popular puede convertirse en una decisión administrativa, particularmente cuando está en juego la vida de las personas.

Las autoridades tienen la obligación de distinguir entre el derecho de una familia a tener una vivienda digna y la pretensión de convertir cualquier terreno ocupado en una propiedad formal. Son cosas distintas, aunque electoralmente resulte conveniente confundirlas. Y mientras nuestros políticos sigan creyendo que gobernar consiste en entregar títulos, inaugurar obras, anunciar servicios y sumar fotografías para sus campañas, seguiremos construyendo las condiciones de nuestras propias desgracias.

Lo verdaderamente indignante es que después de cada desastre volvamos a escuchar las mismas explicaciones. Que las lluvias fueron extraordinarias, que el río creció más de lo previsto, que los huaicos sorprendieron a la población, que los recursos fueron insuficientes o que las autoridades anteriores no hicieron su trabajo. Siempre habrá una explicación para justificar lo que no se hizo, pero casi nunca habrá responsables por lo que irresponsablemente se permitió hacer.

El Perú necesita autoridades que entiendan que la popularidad no puede estar por encima de la responsabilidad pública. Que un alcalde no está para repartir títulos como quien reparte favores, que un gobernador regional no puede desentenderse del ordenamiento de su territorio y que un Gobierno nacional no puede limitar su actuación a reaccionar cuando la emergencia ya se produjo. Necesitamos, de una vez por todas, dejar de confundir política social con populismo electoral, formalización con improvisación y atención de las necesidades populares con irresponsabilidad administrativa.

Finalmente, hay algo que nuestras autoridades deberían entender: los títulos de propiedad pueden convertirse en votos, las inauguraciones en fotografías y las promesas en titulares periodísticos; pero cuando llega El Niño, ninguna de esas cosas sirve para detener el agua, contener un huaico o devolverle la vida a quienes pudieron haber sido protegidos.

El Niño no tiene responsabilidad política, no participa en elecciones ni promete títulos de propiedad. No gobierna municipios, regiones ni ministerios. Pero nuestras autoridades, con su permisividad, su cálculo electoral y su irresponsabilidad, parecen empeñadas en hacerle el trabajo.