Hacia un pacto regional contra el crimen

La delincuencia organizada transnacional ha conseguido lo que los Estados latinoamericanos todavía no alcanzan: operar como una estructura integrada. Sus organizaciones desplazan personas, dinero, armas, información y actividades ilícitas a través de las fronteras, mientras policías, fiscalías, aduanas y organismos de inteligencia continúan limitados por jurisdicciones nacionales, procedimientos diferentes y bases de datos que no siempre se comunican.

Esa contradicción explica la importancia del Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptado el 28 de mayo de 2026 por Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. Posteriormente se incorporaron Paraguay y Uruguay. Aunque solemos denominarlo Declaración de Santiago, su nombre oficial es Compromiso Regional, y su propósito declarado es traducir la voluntad política en medidas concretas, medibles y verificables.

El documento parte de una premisa fundamental: los esfuerzos nacionales son indispensables pero altamente insuficientes frente a organizaciones que aprovechan las diferencias legislativas e institucionales, la corrupción, las plataformas virtuales, los sistemas financieros y las redes logísticas regionales. No estamos ante delincuentes que solo cruzan fronteras, estamos ante corporaciones criminales capaces de infiltrarse en instituciones, administrar territorios, controlar economías ilegales y debilitar la democracia.

El Compromiso establece un grupo de trabajo con liderazgo anual rotatorio, encargado de elaborar un Plan de Acción Conjunto. Sus cuatro áreas principales son seguridad; inteligencia financiera y tributaria; trazabilidad y control migratorio; y control y fiscalización fronteriza. También reconoce la necesidad de fortalecer la integridad institucional, la transparencia y la prevención de la corrupción en la policía nacional, además de articular los mecanismos ya existentes en la Comunidad Andina, el Mercosur y Ameripol.

El 19 de agosto se constituyó formalmente este grupo, dentro del plazo de noventa días establecido en Santiago. Cerca de cien representantes participaron en las mesas técnicas. Por consiguiente. El acuerdo ha comenzado a ejecutarse pero necesitamos hacer lo más y lo mejor posible. No es un acuerdo cualquiera, pues compromete la vida de millones de personas en nuestras ciudades, muchas veces inermes tan una delincuencia maligna y sofisticada. La implementación permanece en etapa preparatoria.

Necesitamos resultados y no burocracia diplomática. Es urgente producir una capacidad regional efectiva. Pasar de una declaración diplomática a un verdadero compromiso ejecutado por un sistema de seguridad compartido con ayuda internacional. El Plan de Acción deberá traducirse en protocolos comunes de intercambio de información; bases de datos interoperables y protegidas; investigaciones simultáneas; alertas migratorias y financieras oportunas; trazabilidad del dinero ilícito; coordinación entre policías, fiscalías, aduanas y unidades de inteligencia financiera; y mecanismos que impidan que la información sensible llegue a funcionarios infiltrados por las propias organizaciones criminales.

Hablamos de una secretaría técnica permanente, financiamiento identificable, responsables nacionales, calendarios obligatorios e indicadores públicos. No basta informar cuántas reuniones se realizaron. Debe medirse cuántas redes fueron desarticuladas, qué activos se inmovilizaron, cuántas operaciones coordinadas se ejecutaron y cuánto mejoró la capacidad de proteger a ciudadanos y empresas amenazados por la extorsión. Necesitamos saber y ser informados por derecho propio.

El acuerdo incluye una evaluación a los 180 días. Esa revisión será decisiva. Si únicamente presenta diagnósticos, documentos y nuevos compromisos, el crimen habrá vuelto a tomar la delantera. Si aprueba operaciones, presupuestos, protocolos e indicadores, Santiago podrá ser el embrión de un sistema sudamericano permanente contra la criminalidad organizada. No hay medias tintas; que el nuevo gobierno trabaje, lidere e informe sobre este compromiso, y con la voluntad política de participar con eficacia.

El Perú debe impulsar esa transformación. Nuestro Estado se encuentra gravemente debilitado por la infiltración criminal, la corrupción institucional, el descontrol penitenciario y la fragmentación de sus organismos de seguridad. No puede limitarse a participar formalmente en las reuniones. Debe proponer un centro regional de inteligencia criminal y penitenciaria, una plataforma segura de información, equipos conjuntos de investigación y un fondo de cooperación técnica que permita reducir las enormes desigualdades de capacidad entre los países.

La soberanía no se pierde mediante esta cooperación. Por el contrario, se recupera. Un Estado que no puede proteger a sus ciudadanos ni controlar su territorio posee una soberanía puramente declarativa. Cooperar no significa entregar competencias, significa ejercerlas coordinadamente frente a poderes criminales que ya actúan sin reconocer fronteras.

El Compromiso de Santiago es una oportunidad excepcional. Pero su éxito no se medirá 

por el número de países adherentes, por la solemnidad de sus comunicados, por las reuniones o mesas de trabajo. Se medirá por su capacidad para pasar de la coordinación anunciada a la acción conjunta y eficiente. Frente al crimen organizado, América del Sur necesita dejar de responder con estados desorganizados. ¿Podríamos reclamar la sede de operaciones para el Perú?