Sanidad Policial, SaludPol y las carencias

El 22 de julio de 2026 se promulgó la Ley 32736, que modifica la Ley del Fondo de Aseguramiento de la Policía Nacional (SaludPol), establecida por el Decreto Legislativo 1174, con el objetivo de homologar el régimen de salud policial al modelo de los fondos (IAFAS) de las Fuerzas Armadas. El Pleno del Congreso aprobó el Proyecto de Ley 12923/2025-CR con 88 votos a favor; pero, como el presidente de la República no promulgó la ley, el Congreso, por insistencia, sí la promulgó. Esta ley otorga a SaludPol mayor autonomía y la adscribe a la Comandancia General de la Policía Nacional. Es decir, mientras que la Policía Nacional tenía a su cargo la Dirección de Salud de la Policía (Dirsapol) con todo su sistema prestacional, hospitales y policlínicos, el Ministerio del Interior tenía a su cargo SaludPol, que es el fondo que financia las atenciones de los asegurados y derechohabientes de la Policía Nacional. Como el fondo o fuente de financiamiento (SaludPol) estaba en el nivel político del sector Interior, y se podía contratar con servicios de atención médica no solo de la Sanidad Policial, sino también de otras instituciones privadas, la desconexión entre ambas instituciones se acrecentó, sobre todo por el uso de la contratación con los servicios de salud privados, especialmente para los oficiales. Como contraparte, se produjo el desfinanciamiento y la precarización de los hospitales y policlínicos de la Sanidad Policial.

La separación de funciones especializadas en dos entes —el financiador (SaludPol) y el prestador (Dirsapol o Sanidad Policial)— dentro de la gestión de la salud de los asegurados y sus derechohabientes de la Policía Nacional fue presentada como una experiencia piloto de innovación que debería asegurar eficacia y eficiencia en la atención de salud. Sin embargo, eso no ha ocurrido. Al contrario, en primer lugar, se ha exacerbado la desarticulación entre ambos. Las aspiraciones y necesidades de SaludPol y Dirsapol son opuestas y se producen al margen de las necesidades de los usuarios, que dan la impresión de que van por otro carril. Esta desarticulación es estructural y crónica, porque el gobierno carece de mecanismos fiables y acreditados que evidencien y auditen cada una de las prestaciones de salud que contrata y paga SaludPol, por el limitado uso de la historia clínica electrónica; por la carencia de trazabilidad de cada atención médica; por la limitada codificación de diagnósticos, procedimientos, medicamentos, equipos e insumos; así como por la limitada capacidad de estandarizar los sistemas contables y por la existencia de un mercado por producto, a veces casi monopólico y escaso, entre otros.

En segundo lugar, las transferencias de presupuestos o recursos no siempre llegan de manera oportuna ni con los montos necesarios. Además, el presupuesto asignado resulta insuficiente frente a la demanda creciente y al perfil epidemiológico de la población policial, que incluye un número importante de adultos mayores, personas con discapacidad adquirida en el servicio y patologías de alta complejidad, incluso de alto costo.

En tercer lugar, la red de establecimientos de salud de la Sanidad Policial a nivel nacional, incluido el Hospital Nacional Luis N. Sáenz, que es el principal centro de referencia, enfrenta problemas graves de personal, equipamiento, medicamentos e infraestructura, que presentan dificultades para atender a los más de 450,000 asegurados entre policías en actividad, retirados y sus familiares. Por ejemplo, hay escasez de médicos para cubrir las diversas especialidades. Con alrededor de 900 médicos es imposible cubrir la brecha de necesidades de los asegurados. Demás está decir lo referente a las listas de espera, la falta de citas y las cirugías embalsadas. Encima, el equipamiento, según informes y estudios sobre la Sanidad Policial, señalan que un porcentaje elevado de los equipos médicos supera los diez años de antigüedad y que alrededor del veinte por ciento se encuentra fuera de servicio por falta de mantenimiento o reposición. El desabastecimiento de medicamentos es recurrente, lo que agrava el gasto de bolsillo de los pacientes. La solución de SaludPol de contratar con los privados ha agudizado el problema al convertirse en un círculo vicioso que ahonda la crisis.

En cuarto lugar, la crisis financiera de SaludPol se agrava por el incumplimiento del pago de las atenciones al sector privado y por la falta de transferencias a la Sanidad Policial. El propio directorio de SaludPol ha aportado las cifras. Por ejemplo, señala que las obligaciones totales ascienden a S/ 766 millones. Esta cifra resulta de la suma de un poco más de S/ 78 millones por atenciones médicas ya reconocidas: alrededor de 68 millones con las clínicas privadas y S/ 10.8 millones con los establecimientos públicos. Adicionalmente, más de S/ 287 millones en procesos de conciliación y cerca de S/ 400 millones en deudas de atenciones médicas que se encuentran aún pendientes de auditoría. Por otro lado, el patrimonio estimado de SaludPol es de S/ 238 millones. Es decir, la deuda supera en más de tres veces su patrimonio. Esto sin tomar en cuenta que existe una deuda específica de medicamentos por más de S/ 12 millones. Quizá lo más grave, porque impide cuantificar con exactitud la brecha, es que no hay acceso a algún indicador oficial que consolide la cifra o porcentaje de demanda insatisfecha.

En quinto lugar, la Ley 32736, recién promulgada, tiene como objetivo homologar el régimen de salud policial al modelo de administración de los fondos que tienen las Fuerzas Armadas. Es decir, equiparar a los fondos Fospeme (Ejército), Fosmar (Marina) y Fosfap (Fuerza Aérea), de tal manera que se aproxima a los aspectos de gobernanza, autonomía y adscripción institucional, que parecen articular mejor o al menos reducen la desconexión entre la administración del fondo y los beneficiarios o asegurados. La homologación consigue tres impactos: primero, entrega el control operativo de SaludPol a la propia Policía Nacional, ya que está adscrito a la Comandancia General de la Policía; segundo, se fortalece la autonomía para la gestión de los recursos, compras y decisiones; tercero, se equilibra el directorio de su Consejo Directivo, de tal manera que la Policía tenga capacidad de decisión sobre SaludPol.

En sexto lugar, existe un déficit de financiamiento estructural de la Sanidad Policial que aún no se ha resuelto y que convierte a la Ley 32736 en un paliativo ineficaz. A pesar de que el 12 de junio de 2026 el Pleno del Congreso aprobó un dictamen que elevaba el aporte obligatorio del Estado del 6% al 9% de la remuneración consolidada destinado a los fondos de salud de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, no se promulgó la ley porque fue observada por el Poder Ejecutivo. Las razones de la observación han sido el impacto fiscal que genera en el presupuesto público y que no se ha precisado la fuente de recursos que cubra ese mayor gasto, ni se ha demostrado su sostenibilidad en el marco de las reglas de equilibrio presupuestario y responsabilidad fiscal. Además, la incorporación del personal de tropa del Servicio Militar Voluntario como nuevo beneficiario incrementará la demanda de cobertura sin un respaldo financiero previo, lo que, según la observación, vulnera la prohibición de iniciativa de gasto que tiene el Congreso de la República. Sin embargo, hay que aclarar que la tropa del Servicio Militar Voluntario ya se encuentra cubierta por el Seguro Integral de Salud; por tanto, no sería mayor gasto, sino solo una transferencia del presupuesto asignado de un sector al otro.

En séptimo lugar, las dos leyes propuestas pretendían disminuir las falencias de los decretos legislativos que se promulgaron en diciembre de 2013, que normaron la separación de funciones en la gestión de la seguridad social en salud de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, entre entes financiadores y prestadores. La Sanidad Policial constituyó el piloto cuyo resultado no ha sido eficaz ni eficiente. Al menos unificar los dos entes —el financiero y el prestador— en la propia Policía Nacional es un avance, pero sin mayor presupuesto poco o nada se puede hacer. En esa línea, un aumento del 3% del aporte estatal hubiese inyectado recursos adicionales de manera estructural y permanente y asegurado la sostenibilidad de los tres fondos de las Fuerzas Armadas y de SaludPol de la Policía Nacional. Hubiese sido un reconocimiento del derecho a la cobertura integral de salud y de prestaciones económicas y sociales para el personal que presta servicios de alto riesgo en favor del país. ¡Es un deber cuidar a quien cuida!