Justicia endeble, futuro incierto

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició una investigación preliminar contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a raíz de una denuncia presentada por el exconsejero regional Luis Miguel Caya. ¿La razón? Delia Espinoza se negó a cumplir una resolución emitida por la propia JNJ. Este acto representa un fuerte golpe y desprestigio al principio de legalidad y al Estado de derecho que constitucionalmente nos rige.

Pues entonces, ¿de qué sirve tener una Junta Nacional de Justicia si una fiscal puede simplemente ignorar sus decisiones como si estuviera por encima de la ley? Para colmo, la JNJ fue propiciada por el gobierno de Martin Vizcarra, en medio de varias dudas y cuestionamientos, para, según su séquito de intelectuales, darle más justicia a la propia justicia, que para ellos en ese momento estaba siendo secuestrada por el fantasma del apra-fujimorismo. 

Pero lo cierto es que lo ocurrido en la fiscalía y con el caso de Delia Espinoza no es un episodio aislado. Este órgano está capturado desde hace varios años, y nadie alzó la voz mientras concentraban el poder a su favor. Solo ahora, cuando cierto sector político caviar comienza a perder los privilegios que ellos mismos se adjudicaron, aparecen las quejas y los ruidos.

Basta recordar que Zoraida Ávalos, cuando era fiscal de la Nación, se negó a investigar a Pedro Castillo escudándose en una interpretación dudosa de la Constitución. Por otro lado, Pedro Chávarry fue vinculado a los "Cuellos Blancos del Puerto", todo mientras se aferraba al cargo con apoyo político. 

La verdadera pregunta es: ¿cómo podemos confiar en una institución que, lejos de proteger la ley, la negocia como si fuera una ficha del casino? Este acontecimiento de la fiscal Espinoza, constituye otro golpe directo a nuestra ya tan debilitada institucionalidad. Y este deterioro institucional no es abstracto, sino que tiene fuertes consecuencias a mediano y largo plazo. 

Por ejemplo, en el plano económico, un Estado con instituciones blandas y con señales contradictorias en la justicia nacional genera desconfianza entre los inversionistas, tanto locales como extranjeros. Sin Estado de derecho, no hay garantías para la inversión ni para el crecimiento. ¿Quién invertiría en un país donde la ley es vista como un circo? 

En el plano de la seguridad ciudadana, un sistema de justicia débil, desordenado y capturado por intereses o simplemente encrucijada en riñas y peleas internas, envía un mensaje peligroso: que el delito tiene pocas o nulas consecuencias. ¿Por qué temerle a una justicia que no se respeta ni a sí misma? ¿Cómo un criminal va dejar de extorsionar, saquear o delinquir si sabe que el organismo encargado de hacer cumplir la ley no tiene autoridad real? ¿Cómo pretende la Fiscalía combatir el crimen si ni siquiera pone orden en sus oficinas?

Este daño institucional, como veníamos comentando, también tiene una profunda consecuencia política. Si la Fiscalía no actúa con independencia frente a los demás poderes del Estado, entonces deja de ser un órgano técnico y autónomo, y se convierte en un actor más dentro de la lucha por el poder político. 

Hay que ser claros con algo: todo gobierno racional, prudente y eficaz procura siempre que sus órganos de justicia sean lo más imparciales posibles, no los convierte en armas de guerra ideológica como sucede en Perú. Obviamente, cuando la Fiscalía se convierte en un arma ideológica, crea un incentivo perverso para que partidos y grupos de poder intensifiquen su lucha por capturarla, porque por lógica básica: todo espacio de poder político abandonado es ocupado por el adversario.

Por eso mismo, si no se sanciona esta conducta despreciable y peligrosa de Delia Espinoza, el mensaje será inconfundible: en el Perú, las autoridades están por encima de la misma Constitución.

“Para que no se pueda abusar del poder, es necesario que el poder detenga al poder”(Montesquieu).