A detener el avance de la minería ilegal en el Perú

Las cifras conocidas sobre la lucha contra la minería ilegal durante el presente año deberían encender todas las alarmas. Entre enero y mayo del 2026, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ejecutaron 710 operativos en 24 regiones del país, logrando destruir e incautar maquinaria, combustibles, explosivos, insumos y bienes valorizados en más de S/ 1,206 millones. Se trata de un esfuerzo importante de las fuerzas del orden, pero que al mismo tiempo demuestra la verdadera dimensión del problema: la minería ilegal ya no es un fenómeno marginal ni una actividad de subsistencia, sino una de las principales economías criminales del Perú.

Lo verdaderamente preocupante, sin embargo, es que el avance de la minería ilegal no solo genera pérdidas económicas o daños ambientales. Representa una amenaza directa contra el sistema de propiedad minera reconocido por la Constitución de 1993, el Código Civil, la Ley General de Minería y todo el marco jurídico que sostiene la inversión privada en el país. Cuando organizaciones criminales ocupan concesiones formalmente otorgadas por el Estado y explotan minerales sin autorización, el mensaje es devastador: los derechos de propiedad dejan de estar garantizados.

Y cuando el sistema de propiedad minera empieza a resquebrajarse, también comienza a debilitarse todo el sistema de propiedad nacional. Si el Estado es incapaz de proteger una concesión minera legalmente otorgada, ¿qué seguridad pueden tener las inversiones productivas, las empresas, los pequeños negocios o incluso los ahorros y fondos de pensiones de millones de ciudadanos? La minería ilegal, por lo tanto, no constituye únicamente un problema sectorial. Es un cuestionamiento directo al Estado de derecho y a la capacidad del país para hacer respetar la ley.

La preocupación deja de ser teórica cuando se observa hacia dónde avanza esta actividad. El Instituto Peruano de Economía ha advertido que la presencia de mineros ilegales ya alcanza áreas vinculadas a proyectos estratégicos como Michiquillay, Los Chancas y Haquira, inversiones llamadas a sostener el crecimiento de la producción cuprífera durante las próximas décadas. En otras palabras, las organizaciones criminales ya no solo saquean yacimientos actualmente explotados, sino que comprometen el desarrollo futuro de una actividad que representa el principal motor exportador del país.

Las cifras regionales de los operativos confirman esta expansión. Madre de Dios concentra el 63.2% del valor total de los bienes incautados, con aproximadamente S/ 762.5 millones, además de casi la mitad de todos los operativos realizados durante el período. No sorprende. La extraordinaria rentabilidad del oro —cuya cotización continúa alrededor de los US$ 4,000 la onza, luego de haber superado los US$ 5,000 durante el año— mantiene a esta región como el principal foco de la minería ilegal aurífera.

Sin embargo, el fenómeno ya no se limita al oro. Después de Madre de Dios aparecen Cajamarca, con más de S/ 59 millones en bienes intervenidos, y Arequipa, con S/ 55.1 millones. Ambas regiones reflejan el creciente interés de las organizaciones criminales por el cobre, precisamente cuando este metal atraviesa uno de los mayores superciclos de precios de las últimas décadas. La cotización supera los US$ 6.33 por libra y la Agencia Internacional de Energía proyecta que la demanda mundial crecerá alrededor de 25% hacia el 2040, impulsada por la transición energética, los vehículos eléctricos, los centros de datos y la inteligencia artificial.

No resulta extraño, entonces, que incluso operaciones formales de enorme importancia estratégica, como Las Bambas o el proyecto Zafranal, enfrenten crecientes presiones derivadas de la minería ilegal en sus áreas de influencia. La economía criminal ha comprendido antes que muchos actores políticos el enorme valor que tendrá el cobre durante las próximas décadas.

Los antecedentes permiten dimensionar la gravedad del desafío. En el 2025, la minería ilegal movilizó más de US$ 12,000 millones en el país. La Unidad de Inteligencia Financiera estimó que durante la última década esta actividad habría lavado aproximadamente US$ 22,800 millones. Entre el 2023 y el 2025, además, las exportaciones ilegales de oro y cobre dejaron de aportar más de S/ 7,500 millones en impuestos, a los que se suman otros S/ 2,000 millones asociados a esquemas de evasión tributaria. Son recursos suficientes para financiar miles de escuelas rurales, centros de salud, comisarías y kilómetros de carreteras precisamente en las regiones donde hoy domina la minería ilegal.

El contraste con la minería formal es contundente. En el 2025 las exportaciones mineras alcanzaron US$ 62,848 millones, representaron el 67.5% de todas las exportaciones nacionales y aportaron más de S/ 24,000 millones en tributos que financian obras públicas, canon y programas sociales en todo el país.

Por esa razón, el nuevo gobierno tiene una responsabilidad impostergable. No basta con multiplicar operativos si las organizaciones criminales continúan recuperando el control del territorio pocos días después. Se requiere restablecer plenamente el Estado de derecho mediante una estrategia coordinada entre Sunat, Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial que permita destruir las redes financieras, políticas y logísticas que sostienen esta economía criminal. Defender la minería formal es defender el sistema de propiedad, la inversión privada y, en última instancia, el desarrollo del Perú.