La posibilidad de una reforma laboral en el Perú

La informalidad constituye el principal obstáculo para el desarrollo económico y social del Perú. Cerca del 75% de la fuerza laboral trabaja hoy sin acceso a un empleo formal, sin seguro de salud, sin aportes previsionales y sin la protección que debería ofrecer un mercado laboral moderno. Se trata de uno de los mayores fracasos estructurales del Estado peruano y de una realidad que ninguna estrategia de crecimiento podrá revertir si no se acometen reformas profundas.

Sin embargo, conviene evitar una mirada simplista. La informalidad laboral no puede entenderse de manera aislada, porque es el reflejo de una informalidad mucho más amplia que atraviesa toda la economía nacional. Mientras más del 80% de las micro y pequeñas empresas permanece fuera de la formalidad —sin cumplir plenamente con obligaciones tributarias, laborales o administrativas—, resulta ilusorio pensar que el empleo formal podrá expandirse de manera sostenida. La formalización del trabajo comienza necesariamente por la formalización de las empresas.

Por ello, cualquier estrategia seria debe abordar simultáneamente la reforma tributaria, la simplificación administrativa y la reducción de la enorme burocracia estatal que hoy convierte la formalidad en un costo excesivo para miles de emprendedores. Mientras abrir, mantener y hacer crecer un negocio continúe siendo una carrera de obstáculos regulatorios, la economía informal seguirá reproduciéndose año tras año.

Ahora bien, ello no significa que la reforma laboral pueda seguir postergándose. En este terreno, el Perú arrastra un problema específico que ha contribuido a encarecer la contratación formal durante las últimas dos décadas. Desde el año 2001, cuando el Tribunal Constitucional consolidó la reposición judicial como mecanismo predominante frente al despido, sustituyendo en la práctica el régimen indemnizatorio previsto por la legislación laboral, se configuró un esquema de estabilidad casi absoluta que incrementó significativamente el riesgo jurídico para quienes generan empleo.

Las consecuencias son evidentes. Cuando contratar implica asumir costos elevados y una enorme incertidumbre sobre la posibilidad de reorganizar posteriormente la empresa, muchos empleadores simplemente optan por no formalizar nuevas plazas laborales. El resultado es un mercado dual: una minoría protegida por una legislación extremadamente rígida y una inmensa mayoría condenada a sobrevivir en la informalidad.

La experiencia internacional demuestra que existe otro camino. Los países que registran las menores tasas de desempleo del mundo —entre ellos Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, Dinamarca, Irlanda, Canadá y el Reino Unido— comparten una característica fundamental: mercados laborales mucho más flexibles, donde contratar y terminar una relación laboral resulta jurídicamente predecible. Esa flexibilidad reduce el riesgo empresarial y estimula la creación permanente de empleo formal.

El propio Perú dispone de un ejemplo exitoso. La Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), que introdujo un régimen de mayor flexibilidad laboral para el sector agroexportador, permitió que el empleo vinculado a esta actividad pasara de aproximadamente 460,000 trabajadores en el año 2004 a más de dos millones de empleos directos e indirectos en la actualidad. Paralelamente, las agroexportaciones alcanzaron niveles históricos, surgieron nuevas clases medias en diversas regiones del país y la pobreza descendió drásticamente en zonas como Ica, donde hoy los indicadores sociales son comparables con los de economías mucho más desarrolladas.

No obstante, esa experiencia terminó siendo parcialmente desmontada. La Ley 31110, aprobada en el 2020, eliminó buena parte de la flexibilidad que había caracterizado al régimen anterior e incorporó nuevas obligaciones laborales, como el Bono Especial para el Trabajador Agrario (BETA), mecanismos de negociación colectiva por rama y disposiciones que incrementaron los costos de contratación. Diversos economistas advirtieron entonces que la modificación debilitaba uno de los pocos modelos exitosos de generación masiva de empleo formal que había conocido el país.

La discusión, por supuesto, no consiste en eliminar derechos laborales ni en debilitar la protección de los trabajadores. El verdadero desafío consiste en encontrar un equilibrio que permita ampliar el empleo formal sin convertir la contratación en una actividad excesivamente riesgosa para las empresas. Un mercado laboral donde solo una minoría disfruta de protección mientras tres de cada cuatro trabajadores permanecen completamente al margen de la legalidad difícilmente puede considerarse socialmente justo.

En este contexto, el nuevo gobierno tiene una oportunidad que no debería desperdiciar. Una reforma laboral moderna, acompañada de una agresiva política de formalización empresarial, simplificación tributaria y reducción de la burocracia estatal, podría convertirse en uno de los principales motores del crecimiento económico durante los próximos años. Si el Perú aspira realmente a reducir la pobreza y consolidar una economía de ingresos medios altos, deberá comenzar por incorporar a millones de trabajadores al empleo formal. Ese constituye, probablemente, uno de los mayores desafíos —y también una de las mayores oportunidades— del nuevo gobierno.