Flexibilidad laboral para crecer y ganar más

La flexibilidad laboral no constituye un beneficio exclusivo para las empresas. También puede traducirse en mejores ingresos para los trabajadores, mayores oportunidades de empleo y una expansión de las micro y pequeñas empresas. La libertad para contratar, organizar jornadas y gestionar desvinculaciones permite que las compañías adapten sus planillas a las necesidades del mercado y amplíen sus operaciones. La experiencia internacional ofrece evidencia concreta sobre los efectos positivos de estas condiciones en el desempeño empresarial y la productividad.

Un estudio titulado Employment Protection Legislation and SME Performance analizó 13,112 pequeñas y medianas empresas belgas durante el periodo 2000-2009. Sus resultados mostraron que las compañías que enfrentaban menores costos de contratación y despido registraban mayores tasas de crecimiento y mejores resultados económicos. La conclusión es relevante: cuando las empresas tienen más capacidad para adecuar sus relaciones laborales a las condiciones del mercado, también disponen de mejores oportunidades para crecer.

Una investigación similar, Employment Protection and Labor Productivity, examinó la reforma sueca de 2001, que flexibilizó las reglas de despido para las pequeñas empresas. El estudio concluyó que la medida elevó entre 2% y 3% la productividad laboral de las compañías beneficiadas. Este resultado se explicó por mejoras en la productividad total de los factores y una mayor intensidad de capital. Es decir, la flexibilidad no solo favoreció la expansión empresarial, sino que también permitió aprovechar mejor los recursos disponibles.

Los beneficios, además, pueden llegar directamente a los bolsillos de los trabajadores. En el estudio Wage Effects of Non-Wage Labour Costs, referido a una reforma española que redujo los costos de despido y las contribuciones laborales, se identificaron efectos salariales positivos tanto para los nuevos contratados como para quienes ya tenían empleo. En particular, la disminución de los costos de despido explicó hasta la mitad del incremento salarial de los nuevos trabajadores. Se trata de un resultado que cuestiona la idea de que toda reducción de las rigideces laborales perjudica necesariamente a quienes trabajan.

La relación entre flexibilidad y empleo también aparece en el Employment Flexibility Index 2020. Entre los mercados laborales más flexibles figuraban Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, Reino Unido, Canadá, Irlanda y Dinamarca, países que, de acuerdo con el texto, también presentan pleno empleo. La comparación permite observar que las economías con mercados laborales más adaptables pueden ofrecer condiciones favorables para la generación de puestos de trabajo.

Sin embargo, el Perú mantiene barreras regulatorias que limitan estas posibilidades. Una de las más importantes se originó en la sentencia del Tribunal Constitucional de 2001, que estableció que el trabajador despedido puede optar entre recibir una indemnización o ser repuesto en su puesto. Miguel Jaramillo, en su investigación Los efectos desprotectores de la protección del empleo. El impacto de la reforma del contrato laboral de 2001, estimó que esta decisión redujo en 70% la probabilidad de acceder a un contrato por tiempo indefinido en el largo plazo.

El mismo investigador calculó que, de no haberse emitido esa sentencia, en 2015 habrían existido entre 926,000 y 936,000 puestos adicionales con contratos indefinidos. Asimismo, estimó que los trabajadores dejaron de percibir alrededor de S/ 5,200 millones en ingresos durante ese año. La dificultad para poner fin a una relación laboral, por tanto, habría terminado modificando las decisiones de contratación de las empresas y reduciendo las oportunidades de acceder a empleos estables.

Esta rigidez constituye, además, uno de los factores que contribuyen a los elevados niveles de informalidad del país. Más del 70% de los trabajadores peruanos, alrededor de 12 millones de personas, labora informalmente. Entre los jóvenes, tres de cada cuatro se encuentran en esa situación. Las diferencias regionales también son reveladoras: la informalidad alcanza el 89% en Cajamarca, el 88% en Puno y el 87% en Apurímac, mientras que en Lima llega al 55%.

A estas barreras se suman los costos de la formalización. Incorporar legalmente a un trabajador puede representar para el empleador entre el 66% y el 71% adicional de su salario. Se trata de una carga especialmente difícil de asumir para las mypes, precisamente las empresas que tienen mayor potencial para ampliar sus planillas y generar nuevos puestos de trabajo si encuentran condiciones más favorables.

Por eso, una reforma laboral que facilite la contratación, promueva la formalización y permita el crecimiento empresarial constituye una tarea pendiente para el Perú. El gobierno de Keiko Fujimori tiene la oportunidad de convertir este compromiso, que también ha formado parte de sus planteamientos de gestión, en una política concreta. Reducir las barreras que desalientan la contratación formal permitiría fortalecer a las mypes, ampliar las oportunidades laborales y mejorar las perspectivas de ingresos y productividad. La protección de los trabajadores no debería confundirse con la preservación de reglas que terminan cerrándoles las puertas del empleo formal.