Editorial Economía

La minería ilegal vuelve a desatar la violencia en Pataz

Derriban dos torres de alta tensión y fracasa formalización minera

La minería ilegal vuelve a desatar la violencia en Pataz
  • 08 de abril del 2024

 

Algunos días atrás, la alianza entre la minería ilegal y el crimen organizado volvió a atacar a minera Poderosa, derribó dos torres de alta tensión de la mencionada empresa e intentaron tomar dos galerías de la operación minera. El acto de terror se produjo no obstante que en el distrito de Pataz –provincia de Pataz, en La Libertad– existen más de 300 policías y soldados emplazados en cumplimiento de la situación de estado de emergencia. Es evidente, pues, que estamos ante un abierto desafío del principio de autoridad del Estado de derecho de la alianza entre la minería ilegal y el crimen organizado.

De esta manera ya se han derribado 15 torres de alta tensión en total, se ha causado nueve muertes de trabajadores de la minería moderna y se ha herido a más de 23 personas en los ataques contra la minera Poderosa. Aurífera Retama también ha sido víctima de esta violencia. En otras palabras, la minería ilegal, en alianza con bandas criminales internacionales, convierte a la minería moderna en Pataz en blanco de ataques permanentes con el objeto de ahuyentar la inversión que paga impuestos al Estado, genera empleo y se convierte en un gran motor antipobreza.

Que la minería ilegal puede convertirse en una real amenaza para la minería moderna es una verdad incuestionable. Por ejemplo, días atrás se conoció que la Dirección de Medio Ambiente de la policía nacional (PNP) había detenido a cuatro mineros ilegales en el puente Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, por trasladar en dos volquetes, 60 toneladas de cobre puro que se valorizan en más de S/ 3 millones.

La detención de los cuatro mineros ilegales se produjo luego de conocerse que, a inicios de este año, se multiplicaron las invasiones de los mineros ilegales a las concesiones de la minería moderna en el corredor vial del sur, área donde se emplazan compañías que producen cerca del 40% del cobre nacional. De esta manera las concesiones de las minas Constancia, Antapaccay y Las Bambas comienzan a ser amenazadas por la minería ilegal. ¿Qué sucedería si la minería ilegal se alía con el crimen organizado, tal como ha sucedido en Pataz? ¿Por qué los sectores del radicalismo antiminero y las oenegés anticapitalistas –que han bloqueado la producción minera formal en los últimos años– no condenan abiertamente la minería ilegal en la región sur?

Es incuestionable, pues, que la minería ilegal, que se expande en varias regiones mineras, se ha convertido en una amenaza para la minería moderna, la principal fuente de recursos fiscales del Estado, el principal motor de la descentralización a través del canon y las regalías y también uno de los principales motores antipobreza mediante la creación de empleo directo e indirecto.

Sin embargo, es necesario alertar que la minería ilegal –es decir la explotación que se desarrolla sobre concesiones otorgadas a la minería moderna por el Estado de acuerdo a la Constitución y las leyes– avanza en varias regiones mineras por el fracaso de la formalización de la pequeña minería. Desde una década atrás todos los intentos formalizadores han fracasado estrepitosamente. 

Una de las razones de los yerros en la formalización es la descentralización. Los gobiernos regionales, cada uno por su lado, no puede enfrentar un problema que podría definir el futuro del país. Se sabe, por ejemplo, que las direcciones regionales de minería tramitan menos de 100 expedientes por año, no obstante que existen 5,000 operaciones de pequeña minería y más de 400,000 trabajadores artesanales que trabajan con estas unidades.

Por otro lado, la Sucamec no entrega autorizaciones para utilizar explosivos –lo mismo pasa con la minería moderna– generando un mercado informal de estos insumos, fundamentales para la explotación minera.

Por todas estas consideraciones, luchar contra la minería ilegal demanda avanzar en la formalización minera. Y la única manera de hacerlo es creando una autoridad nacional de formalización minera dependiente del Ejecutivo que acumule en una ventanilla única todos los procedimientos para desarrollar la formalización. No hay otra salida.

  • 08 de abril del 2024

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