Luego de la confianza al Gabinete, ¡un Perú sin reformas!

Después de la tragedia y devastación que representó el gobierno de Pedro Castillo para el Perú, la reacción natural de los políticos y los partidos debió pasar por desarrollar una ola de reformas que relanzarán el crecimiento, la reducción de pobreza y la viabilidad del Perú. Sin embargo, nada parecido ha sucedido ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo, como si cualquier tendencia reformista para destrabar la inversión generaría un sentimiento de culpa en los políticos. Muy por el contrario, en el Congreso se pretende culpar de los males nacionales al sector privado y exculpar al Estado de todos sus fracasos y responsabilidades.

Si bien la presentación del Gabinete Adrianzén y la confianza obtenida de los legisladores nos revelan un equipo ministerial más comprometido con la inversión privada y la institucionalidad democrática, más vinculado a las tareas de la gobernabilidad (reactivación económica y lucha contra la ola criminal), es incuestionable que todavía no aparece un Ejecutivo comprometido con la ola de reformas que relanzarán al país. A lo mejor luego del golpe de Pedro Castillo y la sucesión de Dina Boluarte imaginar un Ejecutivo liderando reformas sea, como se dice, pedirle peras al olmo, sobre todo considerando la extrema fragmentación del Congreso. Sin embargo, es imposible hacer buena política si no se colocan sobre la mesa las tareas urgentes sin las cuales el Perú no podrá volver a reducir la pobreza como lo hacía en las últimas dos décadas.

Si bien el PCM Gustavo Adrianzén abordó el tema del Estado y la simplificación de los procedimientos, es evidente que la crisis nacional requiere un mensaje incuestionable sobre la causa principal de las tendencias recesivas y el bajo crecimiento: el Estado burocrático que ha surgido en las últimas décadas es la principal muralla en contra de las inversiones y, por lo tanto, la fuente principal de pobreza e informalidad en el país. Un Estado que ha surgido a contracorriente de los criterios desreguladores de la Constitución y los 22 tratados de libre comercio que ha firmado el Perú.

Ni en el mensaje del Gabinete ni en las intervenciones de los ministros ni en las de los legisladores hubo un mensaje categórico acerca de que el Estado que –bajo la influencia de las narrativas de izquierda– se ha llenado de sobrerregulaciones y ha multiplicado el número de sus burócratas, es la causa principal del estancamiento nacional. Luego del golpe de Castillo, la falta de esa imagen no permite organizar una salida para el país.

Por ejemplo, vale destacar la preocupación del PCM Adrianzén sobre la urgencia de controlar el déficit fiscal. El año pasado no se cumplieron las metas fiscales proyectadas y el déficit cerró en 2.8% del PBI no obstante que se tenía previsto uno de 2.4%. El presente año el déficit se proyecta en 2%. ¿Cómo hará el Ejecutivo para lograr la meta? Si existiese la idea fuerza acerca de que el Estado es la causa de los estancamientos, entonces se entendería que el gasto público nacional en cerca de un tercio del PBI (de aproximadamente US$ 240,000 millones), de ninguna manera se justifica.

Por lo tanto, disminuir el gasto estatal, a través de la reducción de ministerios y planillas debería ser una apuesta natural para eliminar sobrerregulaciones y simplificar los procedimientos con objeto de destrabar las inversiones nacionales y la creatividad de la sociedad. La imagen del Estado burocrático, pues, está ausente del imaginario nacional.

Otra idea ausente luego de la confianza del Gabinete es el acuciante tema de la informalidad laboral en el país. El Perú está repleto de normas que declaran derechos sociales de los trabajadores al margen de la productividad de las empresas, y la estabilidad laboral casi se ha vuelto absoluta. El país, entonces, está sobrerregulado en derechos laborales. Sin embargo, la propia OIT señala que el 75% de los trabajadores está en situación de informalidad. El camino de la formalización laboral, entonces, casi por descarte, es el inverso: la desregulación y la flexibilidad laboral tal como sucede en los países desarrollados.

El Gabinete Adrianzén, pues, se muestra interesado en abandonar el piloto automático, pero parece imposible sin la decisión de impulsar una nueva ola de reformas.