Qué difícil debe ser defender a tus hijos, a tu ...
Ceuta no ha vivido una simple crisis migratoria; ha sufrido un auténtico asalto a su frontera. En apenas 24 horas, entre 40,000 y 50,000 inmigrantes irregulares, en su mayoría jóvenes marroquíes, irrumpieron en una ciudad de apenas 84,000 habitantes, protagonizando una avalancha humana que convirtió la frontera española en una caricatura, dejó al Estado completamente desbordado y redujo al Gobierno de Pedro Sánchez al papel de espectador tardío de su propio desastre. Una situación que constituye una vergüenza para el pueblo español.
El caos fue absoluto. Al menos 18 personas murieron ahogadas en medio de la estampida humana. Desesperado ante la magnitud de la crisis, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, exigió la declaración de la emergencia nacional y un despliegue masivo del Estado. La Asamblea de la ciudad respaldó el pedido por unanimidad, mientras los sindicatos policiales denunciaban que Marruecos no hacía “absolutamente nada” para contener la invasión. ¿Y Sánchez? Llegó cuando el daño ya estaba hecho y envió tropas para apagar el incendio, pero se negó a adoptar las medidas políticas de fondo que una crisis de semejante magnitud reclamaba. La respuesta volvió a mostrar debilidad, improvisación y una preocupante incapacidad para defender la soberanía española.
Y no fue una sorpresa. Durante años, Europa ha actuado como si las fronteras fueran un vestigio del pasado, un estorbo moral para una élite política formada en el buenismo burocrático de Bruselas. En España, el Gobierno de Pedro Sánchez llevó esa lógica hasta convertirla en política de Estado: regularizaciones masivas, un discurso centrado casi exclusivamente en la compasión, el rechazo sistemático a hablar de control fronterizo y una peligrosa combinación de relativismo ideológico con renuncia a la defensa de la soberanía nacional. El desenlace era previsible. Los vacíos legales son explotados por las redes de tráfico de personas y un vecino como Marruecos comprendió hace tiempo que la inmigración irregular puede convertirse en un eficaz instrumento de presión diplomática.
Ceuta volvió a demostrar, además, algo que las élites progresistas europeas se niegan a admitir: cuando un Estado renuncia a defender con firmeza su frontera, no gana humanidad; pierde autoridad. Y cuando pierde autoridad, pierde también el control de su territorio y de su seguridad. España activó los convenios de devolución solo después del colapso, no antes. El Tribunal Supremo había cerrado parte de las devoluciones inmediatas a quienes cruzan a nado y Rabat vio la oportunidad y la explotó. Lo ocurrido ahora ha sido peor que lo de 2021 porque ya no puede alegarse ignorancia. Esta vez hubo antecedentes, señales y experiencia previa. Lo que faltó no fue información, sino coraje político.
Por eso, la crítica de Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros italiano, golpeó donde más duele. La primera ministra italiana denunció ante Bruselas que la regularización masiva promovida por Sánchez socava la credibilidad del control migratorio europeo y genera un efecto “llamada” que no se queda dentro de las fronteras españolas. Sus opiniones son compartidas por Friedrich Merz, canciller de Alemania, y Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca. Otros líderes europeos endurecieron también el tono de sus respuestas, mientras 19 Estados miembros impulsaban una línea más severa en materia de retornos y centros de deportación. España quedó cada vez más aislada, aferrada a una doctrina migratoria que confunde compasión con permisividad y solidaridad con rendición.
Ese aislamiento no es casual. Es la consecuencia lógica de haber abrazado durante años una política de puertas abiertas disfrazada de superioridad moral. La Unión Europea descuidó sus fronteras, relativizó el valor de su tradición política, jurídica, occidental y judeocristiana y trató la soberanía como si fuera una rémora del pasado, poniendo en bandeja su propia esencia. Pero las fronteras existen precisamente para distinguir entre hospitalidad y desborde, entre migración ordenada e invasión demográfica improvisada. Ceuta ha sido la fotografía brutal de ese fracaso: una ciudad española puesta en jaque mientras su Gobierno seguía administrando excusas.
Para el Perú, la lección debería ser de hierro. Ya se vio con la migración venezolana que la generosidad sin filtro, sin identificación adecuada, sin control real y sin capacidad estatal termina erosionando servicios, seguridad y cohesión social. Ceuta confirma que el colapso fronterizo no empieza cuando entra la multitud; empieza mucho antes, cuando las élites deciden que defender la frontera es de mal gusto. La firmeza no es sinónimo de crueldad. Es, simplemente, la primera obligación de cualquier Estado serio.
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