De la tragedia y destrucción del chavismo hasta el protectorado

La madrugada del 3 de enero de 2026 marcó un punto de quiebre para Venezuela. Agentes de la DEA capturaron a Nicolás Maduro en Caracas y lo trasladaron a una prisión federal en Nueva York bajo cargos de narcoterrorismo, según confirmó la propia DEA. Con esta operación, Donald Trump no solo cumplió una promesa: rediseñó el tablero hemisférico y dejó en claro que Estados Unidos había decidido intervenir directamente frente al deterioro de un país convertido durante dos décadas en la principal trinchera del llamado “socialismo del siglo XXI”. Venezuela pasó así de ser el principal bastión de ese proyecto político a una situación inédita: un protectorado de facto bajo tutela estadounidense.

Siguiendo el guion constitucional bolivariano, Delcy Rodríguez —vicepresidenta y mano derecha de Maduro durante dos décadas— juró como presidenta encargada ante el Tribunal Supremo de Justicia. Desde entonces gobierna bajo la mirada directa de Washington, que reabrió su embajada en Caracas en enero, por primera vez en siete años, según reportó CNN en Español.

Pero antes de discutir el futuro conviene observar las cifras del desastre. Según el Banco Central de Venezuela, la inflación cerró 2025 en 475%, la más alta del mundo, mientras que el Fondo Monetario Internacional proyecta que podría alcanzar 682% en 2026. El Banco Mundial registra que el PBI per cápita nominal venezolano se situó en apenas US$ 3,495 en 2025, frente a los US$ 15,944 que alcanzaba en 2014, antes del colapso chavista.

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI 2025), elaborada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, revela que el 68% de los hogares venezolanos vive en pobreza de ingresos y el 32% en pobreza extrema. Es cierto que existe una mejora frente al 94% de pobreza extrema registrado durante la pandemia, pero las cifras siguen mostrando una tragedia social de enormes proporciones.

El riesgo país, medido por el índice EMBI de JP Morgan, cayó más de 56% durante el primer cuatrimestre de 2026, hasta 5,557 puntos, después de la captura de Maduro. Venezuela continúa, sin embargo, siendo el país con mayor riesgo soberano del planeta. Ese es el resultado de veinte años de Socialismo del Siglo XXI: expropiaciones, destrucción de la moneda, expulsión de la inversión privada y utilización de la renta petrolera para financiar gobiernos colectivistas y guerrillas en la región.

El petróleo constituye ahora el principal instrumento para reconstruir el país. En abril de 2026, PDVSA y Chevron firmaron acuerdos que elevaron al 49% la participación de la petrolera estadounidense en bloques de crudo pesado de la Faja del Orinoco, según Reuters. El Banco Central de Venezuela reportó, además, un crecimiento del PBI de 8.7% en 2025, impulsado casi exclusivamente por el sector petrolero.

Para beneplácito de los venezolanos y de toda la región, conviene recordar que cuando las empresas occidentales conducían el petróleo venezolano, el PBI per cápita del país se encontraba entre los más altos de la región y del planeta. El problema, por tanto, nunca fue la falta de recursos, sino un modelo político que destruyó las condiciones necesarias para transformar esa riqueza en inversión, productividad y bienestar.

Cuando este nuevo escenario apenas comenzaba a configurarse, el 24 de junio de 2026 un doblete sísmico de magnitudes 7.2 y 7.5, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), sacudió Yaracuy y golpeó La Guaira con especial violencia. Al 14 de julio, los muertos confirmados ascendían a 4,734, según cifras del Gobierno venezolano. El FMI y el Banco Mundial anunciaron apoyo financiero para un fondo de reconstrucción. La tragedia volvió a demostrar la fragilidad de la infraestructura venezolana después de dos décadas de chavismo.

La reconstrucción tendrá que ser, por ello, económica e institucional. Venezuela necesita recuperar la propiedad privada, la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas, pero también utilizar su renta petrolera para reconstruir infraestructura, servicios públicos y oportunidades de empleo, en lugar de financiar proyectos ideológicos y organizaciones armadas.

Existe, además, un enorme capital humano fuera de sus fronteras. Según un estudio de ACNUR de abril de 2026, el 35% de los más de seis millones de venezolanos de la diáspora contempla seriamente regresar, condicionado a mejoras en servicios públicos, seguridad y empleo. Su retorno podría convertirse en uno de los principales motores de la recuperación.

María Corina Machado insiste en que las elecciones deben realizarse en un plazo máximo de 12 meses, según declaró a EFE. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del planeta, una diáspora numerosa y calificada y, por primera vez en dos décadas, un entorno internacional favorable. Lo que necesita ahora es convertir esos recursos en instituciones.

La lección para Venezuela y para América Latina es evidente: ninguna riqueza natural garantiza el desarrollo cuando se destruyen la propiedad, la inversión y el Estado de derecho. La ventana para reconstruir el país está abierta. La verdadera oportunidad consiste en impedir que vuelva a cerrarse.