El Ejecutivo promulgó la ley de amnistía para lo...
Es incuestionable que la disolución inconstitucional del Congreso ha convertido a la administración Vizcarra en una de facto. Sin embargo, el Ejecutivo actual no acepta su situación de hecho —al margen de la Constitución— y reclama su “constitucionalidad”. Por ese motivo ha convocado a las elecciones en el 2020 para instalar un nuevo Legislativo. En otras palabras, el Ejecutivo de facto actúa al margen de la Carta Política, pero no puede ignorar totalmente el ordenamiento establecido en la Constitución. De allí que hacia el próximo año los claroscuros constitucionales se convertirán en una constante.
La disolución inconstitucional del Congreso ha violentado el equilibrio de poderes. En cuanto a la economía, el Ejecutivo parece tener más preguntas que respuestas, más desconciertos que certezas. Una situación que podría representar un espacio de disputa para las estrategias republicanas que buscan recuperar el pleno orden constitucional.
Antes de continuar, una digresión. En América Latina los proyectos bolivarianos que se han consolidado no solo concentraron el poder, sino también la economía. Y es que las repúblicas modernas no solo controlan el poder con sistemas institucionales equilibrados, sino también con economías en las que el sector privado es mayoría abrumadora. Si el Estado no concentra poder político y económico, entonces hay libertad. De allí que en la región los dos proyectos colectivistas que permanecen sean Cuba y Venezuela, con política y economía bajo férula estatal. Incluso en Bolivia hay un enorme espacio de disputa en la política y la economía.
De esta situación son conscientes todos los proyectos comunistas y colectivistas, que se han lanzado con toda su artillería a bloquear las normas y la legislación que favorecen la inversión privada y los mercados. Así se explica esa campaña nefasta en contra de la ampliación de la vigencia de la Ley de Promoción Agraria, Ley N° 27360, que ha posibilitado incrementar las exportaciones agrarias de US$ 800 millones a US$ 7,000 millones en base a 600 diferentes hortalizas y frutas.
Así también se entiende la feroz propaganda en contra del proyecto Tía María para que el Consejo de Minería —dependiente del Ministerio de Energía y Minas— no ratifique la licencia de construcción para este emprendimiento. Igualmente, el recrudecimiento de la violencia en contra de Las Bambas —el megaproyecto peruano de cobre por excelencia—, a través de bloqueos de carreteras que impiden transportar el mineral hacia el puerto de Matarani. Algo parecido está anunciado en contra de las minas Antapaccay y Constancia, mientras recrudecen las campañas de desinformación en contra de Cerro Verde.
Los sectores comunistas y colectivistas, pues, apuntan a paralizar todos los sectores económicos con alta intensidad de capital. El objetivo: ralentizar al límite la economía, generar desesperanza social y convertir las próximas elecciones en un juicio contra la economía de mercado y la Constitución. En otras palabras, tienen una estrategia integral para concentrar el poder político y económico. Mientras apoyan el cierre inconstitucional del Congreso, buscan paralizar normas y leyes a favor de la inversión, y neutralizar la autoridad de las instituciones de justicia y de la policía para que prosperen los bloqueos en contra de las minas del Perú.
En este terreno, ¿cuál es la estrategia de los sectores republicanos que buscan restablecer el pleno orden constitucional? La pelea para restablecer el pleno imperio de la Constitución aparece distanciada de la lucha para la preservación de la economía de mercado y las inversiones. De lo primero se encargan los políticos y de lo segundo los gremios empresariales.
En cualquier caso, es hora de entender que no pueden continuar esas distancias. Defender el sistema republicano, aplastado por una situación de facto, no debe llevar a ignorar que la economía de mercado, el capitalismo, es uno de los mecanismos claves de control del poder.
COMENTARIOS