El Perú debe defender la amnistía de sus soldados y policías

Si la sociedad peruana, los políticos, los empresarios y las organizaciones sociales no defienden la amnistía aprobada por el Congreso a favor de los soldados y policías que hace cuatro décadas defendieron a las instituciones democráticas frente a las amenazas del comunismo y del antisistema, entonces el Perú no tiene derecho a la libertad y la democracia.

No es una frase que se suelta al viento proveniente de un sector ultraderechista. De ninguna manera. Las izquierdas, en todas sus versiones, desde medio siglo atrás –organizadas en oenegés que reclaman un estatus legal especial– se han apropiado de las banderas de la defensa de los Derechos Humanos para vaciarlas de contenido y destruir el papel de las fuerzas de la seguridad en la defensa de la democracia. Ha sucedido en Perú, Colombia y Chile, por ejemplo. 

Los miembros de las fuerzas de seguridad del país enfrentan una persecución judicial y política sin precedentes, que ya dura más de cuatro décadas; procesos en los que algunos magistrados politizados abren y cierran juicios como si las garantías constitucionales de nuestros soldados no importaran. Luego de años de persecución judicial los soldados que enfrentaron al terrorismo comunista y pacificaron el país envejecen y siguen resistiendo la persecución judicial hasta la muerte. ¡No puede ser! ¡Es una situación que no debe continuar!

En ese sentido la reciente ley de amnistía aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo debe mantenerse contra viento y marea, así como defendimos la democracia frente al golpe fallido de Pedro Castillo. La amnistía beneficia a ancianos procesados por hechos sucedidos entre 1980 y el año 2000. Sin embargo, la Corte IDH, oenegés internacionales y nacionales se oponen abiertamente contra esta norma que todos los peruanos –sobre todo los magistrados– están obligados a ejecutar, arguyendo supuestos delitos de lesa humanidad. No obstante, este tipo penal recién se incorporó a nuestra legislación cuando el Perú firmó el Tratado de Roma en el 2002. ¿En qué democracia del planeta se puede procesar a una persona cuatro décadas invocando un tipo penal que no existía? ¿Acaso estamos frente un régimen nazi o fascista?

En ese sentido todos los hechos imputados a nuestros soldados y policías que nos defendieron del terrorismo comunista se rigen por el Código Penal vigente y, por lo tanto, han prescrito. Por otro lado, la izquierda agrupada en la Corte IDH y las oenegés nacionales e internacionales argumenta que la amnistía no procede porque una medida similar fue desvirtuada por el sistema de justicia interamericano a inicios del 2000. Semejante argumento no resiste el menor análisis. Se han sucedido cuatro décadas de procesos judiciales en los que se ha violado un principio fundamental, sin el cual no hay debido proceso: el plazo razonable que se establece en los artículos 7 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Cómo puede existir debido proceso si el Estado tiene derecho a procesarte de por vida, incluso hasta la muerte, tal como sucede con ancianos enfermos, inválidos y, en algunos casos, en estados vegetativos?

La defensa de la ley de amnistía entonces no es una batalla más, es decisiva para la democracia. Únicamente la acción de las fuerzas de seguridad nos salvó del terrorismo comunista en los ochenta. Únicamente la acción de las fuerzas de seguridad nos salvó de la violencia insurreccional –luego del golpe fallido de Pedro Castillo– que pretendía incendiar los aeropuertos, bloquear las carreteras para asfixiar a las ciudades y quebrar la economía nacional, con el objeto de instalar una asamblea constituyente. Hoy, por ejemplo, más de 300 soldados y policías padecen persecución judicial –incluso alguno de ellos con prisión preventiva– de parte de magistrados politizados.

Es imposible, entonces, defender el Estado de derecho sin defender a los miembros de las fuerzas de seguridad, judicializados, perseguidos, precisamente, por defender ese mismo Estado de derecho. Vale anotar que el único sistema en el mundo que defiende los Derechos Humanos es, precisamente, la democracia, los sistemas de Estado de derecho.