La encrucijada oficial en Tía María

La decisión del Consejo de Minería –organismo del Ministerio de Energía y Minas– que ratifica la licencia de construcción del proyecto minero Tía María en Arequipa revela que, más allá de la disolución inconstitucional del Congreso, las instituciones del Estado siguen funcionando. Y el Consejo de Minería es una de las que sigue trabajando, sobre todo considerando que entre sus integrantes hay personas con cerca de 15 años de ejercicio en el cargo. Es incuestionable, pues, que el Consejo de Minería es una entidad técnica alejada de los humores de las tribunas y las presiones políticas, porque el viento soplaba con fuerza en contra de la decisión asumida.

Quizá la manera tan desconcertante cómo reaccionó el Ejecutivo frente a la decisión del Consejo de Minería ratifica la tesis que presentamos alrededor de esta institución. El presidente Vizcarra señaló que el proyecto Tía María iba si es que había respaldo de la población. El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, anunció que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Medio Ambiente emitiría un pronunciamiento sobre si el estudio de impacto ambiental del proyecto estaba vigente. Ni Vizcarra ni Zeballos se pronunciaron de acuerdo a la Constitución y la ley, revelando que el Ejecutivo no esperaba semejante decisión del Consejo de Minería.

En cualquier caso, los integrantes del Ejecutivo parecen haber dejado abierta la posibilidad de que el proyecto se detenga ante la eventualidad de que resucite la conflictividad social. El gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, salió a pechar al Ejecutivo, anunció medidas en el Poder Judicial contra la decisión del Consejo de Minería y se dio tiempo para “defender la democracia denunciando la disolución del Congreso”.

No cabe duda de que el Ejecutivo debería ser el más interesado en preservar la vigencia de la Constitución y la ley en el llamado Corredor Vial del Sur, o Corredor Minero del Sur, porque si el radicalismo y el extremismo logran detener el avance de Tía María es incuestionable que este hecho solo significará el inicio de una escalada contra Cerro Verde, Las Bambas, Quellaveco, Antapaccay, Constancia y todos los proyectos mineros del sur, que representan cerca del 70% de la cartera de inversiones en minería. 

Si en el Ejecutivo se considera que retrocediendo frente a la ofensiva radical se “gana paz social” y se evita “la chilenización del sur” –como anunciaron los dirigentes de la izquierda comunista– se equivocan de principio a fin. A nuestro entender, sucederá todo lo contrario. Todos los grupos radicales y extremistas percibirán que la autoridad del Estado se evapora y se sentirán alentados a impulsar las estrategias para bloquear otras inversiones, tal como está sucediendo con el proyecto Zafranal en Arequipa.

Las argumentaciones ambientalistas y ecológicas del radicalismo en contra de la minería solo son las envolturas de otras estrategias. En realidad, estos sectores buscan a cualquier costo ralentizar el crecimiento y detener el proceso de reducción de pobreza para convertir las dos siguientes elecciones nacionales en “juicios populares” contra la economía de mercado y el régimen económico de la Constitución. No hay mejor manera de conseguir estos objetivos que deteniendo las inversiones mineras que explican gran parte del PBI. 

De otro lado, las estrategias radicales en contra de las inversiones buscan favorecer a los especuladores mundiales de cobre –que financian oenegés y gran parte de las actividades antimineras– que se benefician con las paralizaciones de los proyectos y las minas peruanas.

Por todas estas consideraciones, el Ejecutivo está en la extrema obligación de hacer respetar la Constitución y la ley respaldando la decisión del Consejo de Minería que ratifica la licencia de construcción de Tía María. Esta obligación del Ejecutivo se acrecienta cuando hoy no hay enemigo a quién culpar de los fracasos gubernamentales. Todo será responsabilidad del Gobierno.