Amnesia disociativa y envidia cicatera

El primer mes de gestión del presidente José Jerí está provocando soponcios lastimeros en las izquierdas. Las principales afectadas con su actitud enérgica y resolutiva para gobernar. No pueden soportar que la aprobación al mandatario, medida por encuestas de opinión, sea de un 55%, sólo superada por la de Pedro Pablo Kuczynski (2026) de 61%, y por la de Martín Vizcarra (2018) de 57%; mayor que la de Francisco Sagasti (2020) de 46% o la de Pedro Castillo (2021) de 39% y de Dina Boluarte (2023) 19%.

Cierto es que esa aprobación, como la de mandatarios precedentes para el mismo período de tiempo, puede ser fluida y cambiante, porque está basada en expectativas esperanzadoras más que en realizaciones, todavía. Pero Jerí se ha revelado como una grata sorpresa por sus decisiones políticas sobre todo enfrentando la amenaza criminal, proviniendo de un Congreso en el que, como presidente del mismo, arrostraba una desaprobación superior al 80%. Lo que demuestra el aserto criollísimo de la expresión «una cosa es con guitarra y otra con cajón». Jerí ha remontado en su persona el descrédito del Poder Legislativo acosado por el relato falaz de las «leyes procrimen» y está adoptando decisiones venturosas orientadas por su voluntad de pasar de la defensiva a la ofensiva en el combate a la criminalidad.

En un país como el Perú, con su población ganada por el atractivo de la imagen mediática que transmite la conducta compositiva de la autoridad, el presidente Jerí se desenvuelve con soltura, incluso dándose el lujo de dispensar comentarios contundentes a críticos mordaces en las redes sociales. Si algunos en ese ambiente han creído campear con sus reproches, se han equivocado.

Desde luego, debemos esperar que las expectativas esperanzadas que ahora sostienen su aprobación social se traduzcan en reconocimiento de los resultados esperados porque –bien se sabe– las esperanzas son volátiles. Eso implica atender a cómo enfrente Jerí los desafíos que se ha impuesto para lo que podría ser un gobierno solvente en el corto período de la transición política hasta el 28 de julio del 2026.

Uno de esos desafíos es el de contrariar con realizaciones de gestión la apreciación adversa o suspicaz que al respecto viene mostrando una mayoría de medios de prensa que persisten en su actitud de desvalorar o subestimar medidas y acciones del gobernante. Podría conseguirlo Jerí arrostrando el mainstream de la opinión mediática dominada por las izquierdas y sus socios de coyuntura, que los hay con vocación de incendiarios o de dolientes, en un espectro que convoca a las izquierdas y ‘centristas’ de ocasión, la mayoría de ellos empeñados en proclamar una mirada sobre los asuntos públicos que me recuerda la afamada escena de diálogo en la película de Quentin Tarantino Django Unchained, donde el servil esclavo de confianza de la mansión Candie, Stephen, muy molesto porque Django monta un caballo dice: «–Mire amo, ese tiene un caballo. –¿Y tú quieres un caballo, Stephen? –¿Para qué quiero yo un caballo? Yo lo que quiero, es que él no lo tenga». Una expresión pura de la envidia ponzoñosa de quien anhela el fiasco del otro, ese mejor que él, al que considera su némesis: resentimiento destructivo. Como el que predomina en las izquierdas de nuestro país.

Es que las variopintas izquierdas ideológicas en el Perú, en estos días alborotadas y compungidas por la aprobación social a decisiones del presidente Jerí, prefieren que los peruanos no veamos este hecho del momento sino sus fantasías agoreras al respecto, así como desean que olvidemos su desastrosa experiencia en el poder político durante los 500 días del desgobierno de Pedro Castillo y su mayoría parlamentaria. No es sólo que se esfuerzan en erradicar de su propia narrativa el cúmulo de disparates malevos perpetrados con su complicidad; pretenden que los peruanos seamos quienes no lo recordemos. Es el suyo un empeño enfocado en que quienes no somos –ni fuimos entonces– integrantes de sus cofradías manifestemos los síntomas de la amnesia disociativa que los aflige, esa que, clínicamente, se produce en personas que no pueden –más bien: no quieren– recordar información perturbadora sobre sí mismas. 

La selectividad de su memoria y el sentimiento de vergüenza consecuente las lleva a intentar que borremos de nuestra mente que cuando ocuparon posiciones de poder no objetaron que Castillo nombre inicialmente a un irrisorio presidente del Consejo de Ministros y luego a su penosa sucesora; a un osificado comunista como canciller; a impresentables como sucesivos ministros del Interior y de Defensa; a un militante de Sendero Luminoso como ministro de Trabajo y a diversidad de ineptos en sus varios gabinetes, todos absolutamente incapaces de atender a sus responsabilidades de gobierno, al punto que se generó un panorama de violencia sociopolítica asentada precisamente en aquellas regiones donde los poblaciones veían frustradas sus expectativas de satisfacción de demandas que habían aupado, vía el voto, a Castillo en la presidencia: Apurímac, Ayacucho, Cusco, Junín, Moquegua, Puno, principalmente; un conglomerado de reclamos sociales precipitados por la ineptitud de la gestión pública en el gobierno nacional.

La fractura de la alianza política gobernante Castillo-Cerrón y el empoderamiento de la clique ‘caviar’ en el Ejecutivo acentuó las disputas con el Legislativo, pero además mostró las incapacidades de la facción de izquierda autotitulada progresista, situación agravada por el creciente enfrentamiento entre los enemistados anteriores socios en el poder, más todavía ante crudas revelaciones de corrupción y clientelaje que diluyeron la representación parlamentaria que había sido oficialista. Fue cuando resaltó la crisis de legitimidad de gestión del gobierno de Castillo, amenazada por interpelaciones parlamentarias, denuncias constitucionales y mociones de vacancia presidencial.

Castillo y una facción de su gobierno optaron en ese punto por una estrategia de huida hacia adelante recurriendo a la agitación disruptiva del orden con la narrativa de ‘pueblo enfrentado a las elites’ y brotó como una panacea la propuesta del momento constituyente, incluso desde el propio Ejecutivo durante la decena y media de consejos de ministros descentralizados que eran verdaderos actos de proselitismo cautivador de los más hirsutos reclamos del resentimiento social con máscara de lucha contra el centralismo y que abrió la ventana a una polarización creciente con una perspectiva dizque revolucionaria en la que alcanzó su más alta cota la amenaza declarada por el primer ministro Aníbal Torres: «No provoquen al pueblo, porque si el pueblo se levanta, correrán ríos de sangre» (10 de agosto del 2022, durante la sesión del Consejo de Ministros Descentralizado en Huancayo), que quiso pasar como vaticinio sobre lo que, según él, podía ocurrir si se producía una ruptura institucional con la vacancia de Castillo, pero era en realidad una amenaza subversiva que se materializó a partir del intento de golpe de estado el 7 de diciembre del 2022.

La marejada de violencia desatada dos días después de que el Congreso destituyera al golpista Castillo, que aconteció por casi tres meses, ha demorado en ser interpretada como lo que realmente fue: un ataque subversivo armado y planificado para liquidar la gobernabilidad del régimen constitucionalmente sucesorio de Dina Boluarte, con el objetivo de destruir el orden estatal bloqueando regiones enteras, aislando ciudades, perpetrando actos vandálicos propiamente terroristas y ataques a las fuerzas del orden. Felizmente fue derrotado. Hoy día no cabe duda de que el mensaje golpista de Castillo ese 7 de diciembre no fue un error estúpido dictado por la desesperación del mandatario acosado, quien había fracasado en su intento por imponer un toque de queda en abril del 2022 y quien sabía cabalmente perdida su legitimidad. En realidad, el sacrificio de su libertad debería escalar a la captura del poder mediante una asonada victoriosa, como lo creían Torres y otros de sus alucinados mentores. 

Surge aquí la cuestión de por qué durante el desgobierno inepto y criminalizado de Castillo no se produjo la violencia masiva que hubo de enfrentar el gobierno de Boluarte con sus tantos desaciertos. La respuesta cae por su peso. Se estaba preparando, pero necesitaba el factor detonante y ese fue el activismo subversivo azuzador que siguió al apresamiento de Castillo y generó muy graves perturbaciones del orden sin una sola demanda propiamente social; ni siquiera aquellas antes enarboladas contra la ineptitud del régimen castillista. Cualesquiera que fueran las consignas de la plataforma subversiva a inicios del 2023, eran todas un resumen de la apuesta por la subversión disfrazada de protestas sociales.

Se explica entonces que las izquierdas de todo pelaje, viendo fracasado el experimento subversivo en el que se empeñaron como actores o apañadores, hayan optado desde entonces y hasta el día de hoy por edificar el relato falaz de «esta democracia no es una democracia», «nos gobierna el pacto corrupto» (alegación ultra-farisea) y –más reciente– «en el Perú la democracia está muriendo sin dictador».

En realidad, son graznidos de pato rengo (no elegantes cantos de cisne) que resultan de su pérdida de influencia social, que ahora se puede constatar con la ruina recurrente de su agitación perturbadora del orden, que incluso quiso reclamar –y no pudo– una personería generacional de jóvenes. Interesa resaltar que actualmente el refugio izquierdista en activismos inocuos no puede remontar el fracaso propio en conseguir que la amplia mayoría de los peruanos nos hayamos castrado afectados por su amnesia disociativa. 

Contrariando los pronósticos interesados y carentes de sustento que sus vocerías lanzan por cuanto medio pueden, acerca de sus posibilidades con el voto, para la contienda electoral en proceso las izquierdas fraccionadas no presentan en su plataforma planteamientos racionales sobre seguridad, extorsiones, crimen organizado, minería ilegal, embelesadas como están en su monserga de ‘nueva constitución’, un mantra que creen salvífico. No conectan con un electorado popular y urbano especialmente interesado en sus problemas de seguridad; insisten en su discurso de derechos, medio ambiente, género, anticorrupción, que para la mayoría de votantes son temas baladíes; y son incapaces de reconocer que el voto antisistema, y sobre todo el juvenil, está migrando a la derecha dura e incluso a favor de outsiders punitivos, no a la izquierda.

La amnesia disociativa y la envidia cicatera, características perennes de las izquierdas, les van a jugar en contra el 2026. No conseguirán una mayoría parlamentaria que aliente –otra vez– el momento constituyente que anhelan los Alanoca, Sánchez y otros avatares suyos, y menos todavía que logren hacerse otra vez del gobierno: la memoria fresca de su ineptitud en el paso por el poder los condena.