Cuando la Tierra audita al Estado

El 24 de junio de 2026 Venezuela sufrió el peor desastre natural en ciento veinte años. Dos terremotos consecutivos –de magnitud 7.2º y 7.5º, con 39 segundos entre ambos– causaron pánico y destrucción. Cifras en aumento reflejan las dimensiones de la tragedia: 2,295 fallecidos, 11,267 heridos, 12,841 damnificados, 26,841 afectados y 782 réplicas en junio. ONU estima que las pérdidas económicas ascienden a US$37,000 millones equivalentes al 37% del PBI del país. Imágenes satelitales de la NASA estiman unas 60,000 edificaciones dañadas, el colapso total de 189 grandes edificios y daños parciales en otros 585. La infraestructura pública vio afectados 38 hospitales, 432 escuelas y 44 centros comerciales. En La Guaira, barrios enteros quedaron reducidos a escombros, afectando el principal aeropuerto venezolano. 

La naturaleza no distingue ideologías, discursos o modelos políticos, simplemente pone a prueba la capacidad de los Estados para proteger a su población.

Las grandes emergencias son la auditoría más exigente que enfrenta un Estado. En tiempos normales los gobiernos pueden maquillar indicadores, inaugurar obras, anunciar planes de desarrollo o construir relatos sobre logros alcanzados. Cuando la tierra tiembla, lo que importa son los hospitales operativos, carreteras transitables, puentes seguros, comunicaciones funcionales, equipos de rescate, ingenieros que evalúen estructuras, distribución de ayuda y autoridades capaces de manejar la crisis. En segundos desaparecen la propaganda y los discursos, solo quedan las capacidades reales.

El doble terremoto encontró una Venezuela deteriorada política, económica y socialmente. Entre 2013 y 2021, el propio Banco Central de Venezuela reconoció una contracción acumulada del 76% del PBI. A pesar de una recuperación parcial, la pobreza sigue afectando al 70% de los hogares, con una pobreza extrema superior al 31%. Durante el éxodo de ocho millones de venezolanos, abandonaron el país más de 40.000 trabajadores sanitarios. Instituciones internacionales han documentado el deterioro de hospitales, servicios públicos e infraestructura crítica. Ese fue el Estado que encontró el terremoto.

La capacidad de respuesta frente a una catástrofe depende del capital acumulado. Recursos económicos para financiar infraestructura y equipos; capital humano para formar médicos, ingenieros, bomberos y especialistas; instituciones capaces de coordinar gobiernos, hospitales, protección civil y fuerzas de emergencia, con una sociedad que confíe y coopere cuando las estructuras dejan de funcionar. Esos pilares no pueden improvisarse durante una emergencia. 

La situación de los hospitales ilustra esa realidad. Miles de heridos llegaron a centros de salud que ya enfrentaban escasez de insumos, déficit de personal y limitaciones operativas. Durante más de dos décadas el gobierno venezolano presentó la cooperación sanitaria cubana como uno de los pilares del modelo bolivariano. Sin embargo, la emergencia ratificó las deficiencias de esa estrategia. Las insuficiencias del sistema sanitario nacional hacen imposible enfrentar esta catástrofe de gran escala sin apoyo internacional.

En una democracia, la protección de la población constituye una de las principales fuentes de legitimidad del Estado. Esa responsabilidad impulsa la inversión en infraestructura, salud, educación, servicios públicos y preparación frente a emergencias. En muchos regímenes autoritarios, en cambio, la preservación del poder, seguridad del régimen y control político suelen ocupar un lugar prioritario. Cuando sobreviene una gran catástrofe, esa diferencia deja de ser una discusión teórica, volviéndose visible en la calidad de la infraestructura, fortaleza institucional y capacidad de respuesta del Estado para proteger a la población.

La tragedia venezolana deja una advertencia que trasciende fronteras. América Latina enfrenta un nuevo ciclo de riesgos naturales, con la probable llegada de un nuevo fenómeno de El Niño. El desafío no consiste en reaccionar cuando ocurre el desastre, sino en construir las capacidades necesarias para enfrentarlo. Porque las grandes catástrofes no entienden de promesas ni de discursos; ponen a prueba la calidad del Estado que un país fue capaz de construir antes de la emergencia.