El Estado espanta a los mejores

Estamos en un año preelectoral, en el cual las agrupaciones políticas estudian sus posibilidades para los comicios del 2026, en los que primero se elegirá a la plancha presidencial y, en simultáneo, a los integrantes de las Cámaras de Diputados y de Senadores y para el Parlamento Andino. Y tiempo después, para escoger a los gobernadores con sus consejeros, así como a los alcaldes con sus regidores.

Lo usual es que los partidos políticos identifiquen en sus dirigencias y militancias a quienes puedan ser candidatos en los mencionados procesos electorales para estimularlos a participar en las elecciones internas previas, así como “echar el ojo” a quiénes invitar a integrar las listas parlamentarias, dentro del porcentaje reservado. Incluso, tratándose de elecciones generales, ir seleccionando a quienes, de ser el caso, bien podrían conformar el Consejo de Ministros.

Se supone que las agrupaciones políticas buscarán para los cargos electivos y los de designación a las mejores personas, a quienes tengan antecedentes impecables, sean personajes de bien, preparados y con experiencia, que garanticen que ejercerán sus funciones –de ser exitosos en la contienda– con eficiencia, además de decencia, honestidad y honradez. Sin embargo, es el propio Estado quien ha petardeado –más preciso aún, ha bombardeado–la posibilidad de que los mejores cuadros, partidarios o no, sean candidatos.

En efecto, el Estado ha sancionado diversas normas legales para desestimular la participación de los mejores en la política, sea con exigencias, sea con prohibiciones, sea con impedimentos que alejan a los buenos de estar en carrera política y asumir obligaciones gubernamentales nacionales, regionales y locales, hasta responsabilidades congresales.

Entre las normas a las que nos referimos se encuentra la Ley 27693 y sus modificatorias, respecto a la Unidad de Inteligencia Financiera, que debe considerar durante cinco años después que dejen el cargo, como “Personas Expuestas Políticamente”, a Presidente y Vicepresidentes de la Repúblicas, parlamentarios, ministros y viceministros, entre muchos otros, lo cual limita sus actividades privadas posteriores a la función pública.

Ni que se diga de la “Declaración Jurada de Intereses” que por mandato de la Ley 31227 debe presentarse a la Contraloría General de la República, tanto al aceptar el cargo oficial, como también periódicamente y hasta cuando lo concluye. La declaración es una fina radiografía de toda tú vida, de los bienes que tienes y de los que tiene él o la cónyuge, de tus intereses en empresas, en asociaciones y en todo tipo de entidades jurídicas, de los poderes que te han otorgado, de tus representaciones y un larguísimo etcétera, pero no solamente de quien ejercerá el cargo, sino que se debe identificar a toda la parentelas hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, en que un poco más y para ser exagerados, se podría llegar a Adán y Eva, pasando hasta por Matusalén.

Como si lo antes relatado, siendo incluso resumido, no fuese ya sumamente excesivo, la Ley 31564, con la motivación de prevenir y mitigar los conflictos de intereses, determina impedimentos para ejercer cargos públicos o limitantes, por ocupaciones, asesorías o intereses económicos previos, como tenencia de acciones en empresas con las que el nuevo cargo oficial que se asuma tendrá relación. También se fijan impedimentos para futuros empleos relacionados con el cargo público, para entre uno y tres años de cesado en él.

Y como ya para rematar el tema, la Ley General de Contrataciones Públicas, hace que tú parentela -o parte de ella- en lugar de felicitarte por el nuevo alto cargo, maldiga el momento que lo asumiste pues les impide diversas contrataciones públicas. El cargo no fue bendición sino maldición.

El lector de esta columna se preguntará ¿qué se debe hacer? Pues tratar que en el Congreso de la República hagan modificaciones a las mencionadas leyes, para paliar la situación y que incentive a la gente correcta a aceptar colocaciones públicas, pues de lo contrario tendremos en las altas responsabilidades de la República a personas que ni siquiera están preparadas para el comercio ambulatorio y en infinidad de casos a malandrines.