Las responsabilidades del dispendio en Refinería Talara

Desde mayo del 2022 la inversión en el Proyecto de Modernización de Refinería Talara (PMRT) se puso en tela de juicio porque el gobierno de Pedro Castillo –a través de su titular de Economía y Finanzas (MEF), Oscar Graham– inició un período de apoyos financieros a Petroperú que aún no han terminado y que desde ese momento a la fecha han significado capitalización por 2,550 millones de dólares (MMUS$), y préstamos vigentes por 2,302 MMUS$. 

Ahora que los señalamientos de responsabilidades empiezan a aflorar, el sálvese quien pueda ha empezado, y ha dado el play de honor el exministro del “humalismo”, Miguel Castilla, que, faltando a la verdad, quiere endosarle culpabilidad al gobierno aprista, por lo que vale la pena aclarar la situación. 

El gobierno de Alan García heredó en julio del 2006 una obligación legal dada por el Congreso del gobierno de Alejandro Toledo, en marzo de ese mismo año (Ley 28694), consistente en suministrar petróleo diésel con 50 partes por millón (ppm) de azufre a partir del 1 de enero del 2010. En ese momento tanto las refinerías de la petrolera estatal y la Refinería La Pampilla SA, de propiedad de la española Repsol SA, producían dicho combustible con más de 2,500 ppm de azufre. 

La legislación era apropiada, no se podía abastecer un mercado con diésel con tanta cantidad de azufre, era un divorcio con lo que se practicaba en el primer mundo. La corriente de modernizar refinerías estaba en auge a nivel global y las empresas de tecnología, ingeniería, fabricación de equipos y construcción estaban saturadas de trabajo. 

La opción de desarrollar proyectos se había modernizado con un modelo consistente en contratar ingeniería con derecho a construcción, que en la jerga del sector se conocía como FEED-EPC (Front End Engineering Design-Engineering Procurement Construccion) con conversión OBE (Open Book Estimated), en “fast track” (vía rápida). Esta modalidad permitía diseñar y construir en plazos de 4 a 5 años.

El modelo consistía en que la empresa desarrollaba la ingeniería hasta llegar al 30% de ingeniería de detalle y en esas condiciones proponía una cifra única por toda la ejecución al cliente, que decidía asumirla o licitarla con la ingeniería recibida.  

El gobierno aprista le entregó el contrato de ingeniería con derecho a construcción, en pleno proceso de desarrollo de la ingeniería, al gobierno de Humala en julio del 2011. El contratista entregó su propuesta de realizar el suministro de equipos y construcción (EPC) a fines del 2012, comprometiéndose a hacerla por 2,700 MMUS$. Sin embargo, había que entender, y lo escribí en numerosas oportunidades, que eso no era todo el costo involucrado.

Adicionalmente al EPC, que cubría solo la parte de refinación, había que considerar los servicios auxiliares (agua, vapor, electricidad e hidrógeno), porque sin ellos no se podía operar y que en ese momento se estimaban en 800 millones de dólares (MMUS$), a lo que había que sumar el costo de las licencias de tecnología, estudios ambientales y relacionamiento comunitario. La inversión total bordeaba los 4,000 MMUS$

Lo que correspondía en ese momento era dividir los encargos en dos: disminución de azufre que valía 1,000 MMUS$ y dejar de lado la modernización, cosa que hizo Refinería La Pampilla SA. Hablar de 4,000 MMUS$ era una realidad que no se podría pagar, lo sustenté en diversos artículos sobre el tema. 

Miguel Castilla como titular del MEF y Alonso Segura como su jefe de gabinete de asesores dieron luz verde al despropósito y gestionaron la Ley 30130 en diciembre del 2013, declarando que el PMRT era de “necesidad pública e interés nacional”. Sería muy oportuno que exhiban los pronósticos de precios de venta de combustibles y costos de crudo que dieron sustento a su decisión, en lugar de estar buscando culpables en otras partes.