Los peligros del comunismo en la política latinoamericana

La coyuntura política y económica de América Latina evidencia una tendencia inquietante: el avance de gobiernos populistas y autoritarios que, bajo el discurso de justicia social, han debilitado las instituciones democráticas y provocado crisis estructurales. Bolivia, Colombia y Venezuela, con realidades distintas pero lecciones igualmente relevantes, ofrecen advertencias que el Perú no puede ignorar al momento de elegir a su próximo presidente. La amenaza no siempre irrumpe con estrépito; muchas veces se disfraza de promesa redentora, pero termina socavando las bases del desarrollo sostenible.

En Bolivia, el modelo estatista instaurado durante el gobierno de Evo Morales —con la nacionalización de sectores estratégicos como el gas y el petróleo— generó inicialmente un auge económico impulsado por los altos precios internacionales. Sin embargo, ese ciclo de prosperidad fue breve. La falta de inversión privada, la caída del precio del gas desde 2015 y la creciente dependencia de las importaciones han llevado al país a un punto crítico. Hoy enfrenta inflación, escasez de bienes básicos, aumento de la pobreza y un endeudamiento público que amenaza su estabilidad. El intervencionismo estatal, lejos de fortalecer a la ciudadanía, ha limitado su capacidad de generar riqueza y ha minado la confianza en las instituciones.

Colombia, en cambio, vive una deriva distinta pero igualmente preocupante. La administración de Gustavo Petro ha mostrado cómo los ideales de una izquierda radical pueden chocar con la realidad económica. Unas reformas ambiciosas sin sustento técnico sólido han generado incertidumbre en los mercados, incremento del déficit fiscal y pérdida de competitividad. La inflación y el estancamiento económico han deteriorado la calidad de vida, mientras que una política exterior errática —marcada por confrontaciones diplomáticas como la ocurrida con el Perú— ha servido para desviar la atención de los problemas internos. El nacionalismo se ha convertido en una herramienta política para afianzar su base, a costa del diálogo regional y la cooperación.

El caso de Venezuela, por su parte, representa el ejemplo más extremo: el comunismo ha capturado por completo al Estado, desmantelando la democracia, controlando todos los poderes y sumiendo a la población en una crisis humanitaria sin precedentes. Es la evidencia palpable de cómo un régimen autoritario puede enquistarse indefinidamente, destruyendo las posibilidades de recuperación económica y social.

En este contexto, el Perú se encuentra en una encrucijada. Si bien ha mantenido una economía social de mercado con relativa estabilidad, enfrenta desafíos fiscales, institucionales y sociales que exigen reformas profundas. La tentación de adoptar modelos populistas puede resultar atractiva en tiempos de crisis, pero las experiencias de Bolivia, Colombia y Venezuela muestran que el costo a largo plazo es demasiado alto. La apertura al mercado, el fomento de la inversión privada y el fortalecimiento democrático no son soluciones milagrosas, pero sí pilares indispensables para evitar el colapso institucional y económico.

La próxima elección presidencial será decisiva: no se trata solo de elegir a una persona, sino de definir el rumbo del país. El Perú necesita un liderazgo que combine responsabilidad económica con sensibilidad social, que entienda que la verdadera justicia no se logra con subsidios insostenibles ni con discursos incendiarios, sino con instituciones sólidas, educación de calidad y oportunidades reales para todos.

El autoritarismo se oculta tras un discurso de redención, pero sigue siendo una amenaza silenciosa. La responsabilidad recae en nosotros, como ciudadanos, de votar con lucidez y firmeza para evitar que las crisis que hoy golpean a nuestros vecinos se conviertan en nuestra propia realidad.