Cajamarca: riqueza minera desaprovechada

Cajamarca es una región privilegiada dentro del mapa minero de América Latina. Su territorio forma parte de uno de los corredores cupríferos más importantes, con yacimientos de escala mundial como Michiquillay, Conga, Galeno, La Granja y Cañariaco Norte. Este conjunto de proyectos tiene el potencial de convertir a la región en un polo de desarrollo, capaz de dinamizar la economía local y aportar decisivamente a la producción nacional de cobre. Sin embargo, ese potencial sigue mayormente intacto, sin traducirse en bienestar para la población.

A pesar de contar con una cartera de inversiones mineras que supera los US$ 16,000 millones, Cajamarca arrastra más de una década de proyectos paralizados. El punto de quiebre fue la suspensión de Conga en 2011, que marcó el inicio de un periodo prolongado de desconfianza, conflictos sociales y ausencia de consensos mínimos. Desde entonces, la región no ha logrado articular una estrategia que permita compatibilizar la explotación responsable de sus recursos con el desarrollo social, quedando rezagada frente a otras zonas mineras del país.

Las consecuencias económicas de esta parálisis son significativas. El cinturón cuprífero del norte podría añadir alrededor de 1.5 millones de toneladas métricas de cobre al año a la producción nacional. De haberse concretado ese aporte, el Perú estaría hoy disputando el primer lugar mundial en producción de cobre, en lugar de haber sido desplazado del segundo puesto por la República del Congo. Cada proyecto detenido representa menos empleo formal, menor recaudación fiscal y menos recursos para cerrar brechas en educación, salud e infraestructura.

En una región donde cerca del 45% de la población vive en situación de pobreza, esta oportunidad perdida resulta especialmente grave. Dentro de ese contexto, Michiquillay destaca como una excepción alentadora. El proyecto, adjudicado a Southern Perú en 2018, cuenta con estudio de impacto ambiental aprobado y prevé iniciar su construcción hacia 2027. Con una inversión cercana a los US$ 2,000 millones, una vida útil de al menos 25 años y una producción estimada de 225,000 toneladas métricas anuales, puede convertirse en el eje de un clúster minero que articule empresas, proveedores, Estado y comunidades.

Más allá de sus volúmenes e inversiones, Michiquillay es relevante por su capacidad de convertirse en el núcleo de un clúster minero en Cajamarca. La idea de un clúster supone la coordinación entre empresas, proveedores, Estado, universidades y comunidades para mejorar productividad y competitividad. En la práctica, ello implica infraestructura compartida, logística integrada, un uso más eficiente del agua y la energía, y estándares ambientales comunes que reducen impactos y ayudan a construir confianza social en torno a la actividad minera.

El problema es que el bloqueo sistemático a la minería formal no deja un vacío neutro. Cuando se impide el ingreso de empresas reguladas, que pagan impuestos y cumplen estándares ambientales, el territorio no queda protegido: queda desatendido. En ese escenario, la extracción de recursos continúa, pero bajo esquemas ilegales, sin control del Estado y con impactos mucho más severos. La minería ilegal no surge por casualidad, sino como consecuencia directa de la ausencia de alternativas formales viables.

Este fenómeno se repite con claridad en Cajamarca. Zonas donde los grandes proyectos han sido detenidos se convierten en espacios atractivos para operadores ilegales, que aprovechan la falta de vigilancia y la necesidad económica de la población. A diferencia de la minería formal, estas actividades no generan encadenamientos productivos ni aportan al desarrollo local. Por el contrario, destruyen ecosistemas, contaminan fuentes de agua y fomentan economías informales que se sostienen en la evasión y la violencia.

El caso de Conga es especialmente ilustrativo. Tras años de impedir su desarrollo por parte de una empresa privada, han comenzado a aparecer en la zona decenas de mineros ilegales, muchos de ellos desplazados de regiones como Pataz, en La Libertad. Así, una iniciativa que pudo generar empleo, canon y obras públicas ha sido reemplazada por una actividad desordenada, sin controles y con alto potencial de conflicto. El discurso que prometía proteger a Cajamarca terminó facilitando un escenario mucho más dañino.

La experiencia de la región deja una lección clara. Bloquear la minería formal no elimina la explotación de recursos, sino que la empuja hacia la ilegalidad. Las decisiones tomadas en nombre de supuestas defensas ambientales han contribuido, en la práctica, a consolidar una economía que no respeta ni el medio ambiente ni la ley. Si Cajamarca quiere salir de la pobreza y aprovechar su riqueza, necesita recuperar una ruta de desarrollo basada en inversión responsable, regulación efectiva y rechazo frontal a la minería ilegal.