¡Cajamarca y el cobre que el Perú no aprovecha!

Cajamarca se asienta sobre uno de los corredores cupríferos más importantes de América Latina. Bajo su territorio operan —o esperan operar— proyectos de clase mundial como Michiquillay, Conga, Galeno, La Granja y Cañariaco Norte. En conjunto, representan una de las mayores reservas de cobre del continente. Sin embargo, esta riqueza no se ha traducido en desarrollo. La región sigue atrapada en una paradoja: abundancia de recursos y persistencia de pobreza.

La cartera minera en Cajamarca supera los US$ 16,000 millones en inversiones comprometidas. No obstante, la mayoría de estos proyectos permanece paralizada desde hace más de una década. El punto de quiebre fue la suspensión de Conga en 2011, que marcó un antes y un después en la relación entre Estado, empresas y comunidades. Desde entonces, la falta de consensos, la conflictividad social y la ausencia de una estrategia integral han bloqueado el desarrollo de la región.

El costo de esta parálisis es enorme. El corredor cuprífero del norte podría aportar alrededor de 1.5 millones de toneladas métricas de cobre al año. De haberse desarrollado, el Perú habría consolidado una posición de liderazgo global, en lugar de ceder terreno frente a países como la República Democrática del Congo. Cada tonelada no producida representa menos ingresos fiscales, menos empleo formal y menos recursos para cerrar brechas en educación, salud e infraestructura.

Esta situación resulta aún más grave si se considera que cerca del 45% de la población cajamarquina vive en condición de pobreza. En una región con estas características, la minería formal pudo haber sido un motor decisivo para generar empleo, dinamizar economías locales y financiar servicios públicos. En cambio, la paralización prolongada ha dejado a Cajamarca al margen del crecimiento que sí experimentaron otras zonas mineras del país.

En este contexto, Michiquillay aparece como una señal distinta. Adjudicado a Southern Perú en 2018, el proyecto contempla una inversión cercana a los US$ 2,000 millones y una vida útil de al menos 25 años. Se proyecta que produzca alrededor de 225,000 toneladas métricas de cobre al año. Su fase de construcción podría generar decenas de miles de empleos directos e indirectos, convirtiéndose en uno de los proyectos más relevantes para reactivar la economía regional.

Pero la importancia de Michiquillay no radica solo en sus cifras. Su verdadero valor está en su capacidad de convertirse en el eje de un clúster minero en Cajamarca. Esto implica articular operaciones mineras con proveedores locales, universidades, centros técnicos y gobiernos subnacionales. Significa compartir infraestructura, optimizar logística y elevar estándares ambientales. En otras palabras, transformar una actividad extractiva en una plataforma de desarrollo más amplia.

El referente regional es claro. En Antofagasta, en Chile, la minería permitió construir un ecosistema de servicios especializados, innovación tecnológica y empleo calificado. No se trató solo de exportar minerales, sino de desarrollar capacidades locales y encadenamientos productivos. Cajamarca podría seguir un camino similar si logra activar sus proyectos y coordinar una estrategia de largo plazo.

Un clúster minero bien estructurado también ampliaría las oportunidades para pequeñas y medianas empresas. Sectores como transporte, mantenimiento, metalmecánica, alimentación o servicios ambientales podrían integrarse a la cadena de valor. Esto no solo diversifica la economía, sino que genera empleo formal y sostenible. Además, permite canalizar de manera más eficiente los recursos del canon y las regalías hacia proyectos concretos de desarrollo social.

A ello se suma un elemento clave: la institucionalidad. Iniciativas como los fondos sociales vinculados a proyectos mineros pueden contribuir a financiar infraestructura básica, acceso a agua potable, electrificación y mejoras en educación. Sin embargo, su impacto depende de una gestión transparente y de una coordinación efectiva entre actores públicos y privados. Sin ello, los recursos existen, pero no se traducen en resultados.

Finalmente, reactivar la minería formal tiene implicancias más allá de lo económico. Cuando el Estado y la inversión responsable se retiran, otras actividades ocupan ese espacio. La expansión de la minería ilegal es una consecuencia directa de la inacción. Con ella llegan la degradación ambiental, la violencia y la informalidad. Apostar por proyectos como Michiquillay no es solo una decisión económica, sino también una estrategia para recuperar control territorial y promover desarrollo sostenible.