El Congreso y la responsabilidad de preservar la minería moderna

Las bancadas legislativas de la centro derecha que detuvieron el golpe de Pedro Castillo y la violencia insurreccional para instalar una asamblea constituyente, de ninguna manera, deben considerar la modificación del sistema de propiedad minera en el país, cediendo ante los argumentos del nuevo populismo que favorece y tolera a la minería ilegal. ¿A qué nos referimos? En los debates sobre la peligrosa ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo, del sector Energía y Minas) se ha planteado una propuesta que, a nuestro entender, acabaría con la minería moderna: la propuesta de “la existencia de concesiones ociosas o concesiones no aprovechables”.

Según este razonamiento los mineros ilegales invaden las concesiones mineras existentes porque existen especuladores que se aprovechan del sistema en contra de los pobladores. El argumento es de cuño marxista. Los grandes, los ricos, excluyen a los pobres. Sin embargo, el razonamiento se derrumba cuando se constata que solo el 14% del territorio nacional está concesionado y que las invasiones y la violencia de los mineros ilegales solo se desarrolla en el 10% –en el área de reservas probadas– de ese total de concesiones formales. ¿Qué nos indican estos datos? Que existe un mundo ancho y ajeno para la minería y que los mineros ilegales están virtualmente robando o expropiando el trabajo de otros.

La minería moderna en el planeta –incluso en las zonas donde las comunidades son dueñas de la superficie y del subsuelo, como en el Estado de Alaska en EE.UU.– se desarrolla a través de grandes corporaciones. ¿Por qué? Es la única manera de preservar el medio ambiente para las generaciones del mañana y desarrollar una productividad en la explotación del mineral de acuerdo a las necesidades nacionales y el mercado mundial. Y es sobre la base de esa minería moderna que se articula y se desarrolla la pequeña minería. De ninguna manera al revés, como sucedía en el siglo XIX y en las primeras épocas de la revolución industrial.

En el Perú las concesiones modernas en promedio tienen alrededor o más de 10,000 hectáreas. ¿Por qué? Luego de haberse descubierto una determinada cantidad de reservas probadas de mineral se solicita la concesión con el objeto de titulizar el derecho sobre los miles de hectáreas y conseguir un crédito en el sistema financiero internacional. Es imposible que una corporación tenga en la caja entre US $1,200 millones y US$ 10,000 millones. Cuando se consigue el financiamiento, junto a la explotación de las reservas probadas, la corporación empieza una incesante y frenética exploración con el objeto de ampliar las reservas probadas y la vida útil de la mina. De esta manera, luego de pagar las deudas, la empresa incrementa su rentabilidad alargando la vida útil de la mina con mayores reservas probadas.

De esta manera ganan el país, la región, las comunidades y, por supuesto, la corporación. Este es el modelo que ha llevado a Canadá, Australia, Chile y Perú a convertirse en potencias mineras mundiales en minería.

¿Qué sucedería si el Legislativo cede a la presión de la minería ilegal y aprueba el gracioso argumento de las concesiones ociosas? En ese momento se legalizarían todas las invasiones de las minas en el país y comenzaría la destrucción de la minería moderna. Y se acabaría el proyecto del Perú como país minero porque, en el acto, se paralizaría cualquier proceso de exploración, tal como sucedió en Bolivia con el gas.

En otras palabras, una cosa es discutir y aprobar una estrategia de formalización minera en el país en la cual todos los peruanos de buena voluntad debemos converger: la pequeña minería tiene un gran aporte que hacer en el desarrollo nacional. Sin embargo, otra cosa es modificar el sistema de propiedad minera; es decir, una de las columnas centrales del modelo económico del país.