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En el Perú del siglo XXI, la desigualdad se mide también en megabytes. Más de 20,000 centros poblados permanecen desconectados de la red digital, lo que los excluye no solo del acceso a internet, sino también de servicios esenciales como salud, educación, seguridad y oportunidades económicas. Esta brecha no se debe a la falta de tecnología, sino a decisiones postergadas. La solución está al alcance: el Perú necesita un satélite de telecomunicaciones propio.
Hoy, el país depende de servicios satelitales alquilados, fragmentados y exorbitantemente caros. Mientras en Lima un megabit por segundo cuesta unos pocos dólares, en zonas como Loreto o Ucayali puede costar hasta 1,600. El resultado es una estructura de conectividad profundamente injusta, donde la cobertura es escasa justo en los lugares donde más se necesita.
Un satélite propio permitiría revertir esta lógica. No solo conectaría al país de manera más eficiente y equitativa, sino que generaría un ahorro sustancial. El Estado ha gastado más de US$ 100 millones en alquiler de servicios satelitales en los últimos años. Con ese mismo dinero, se podría financiar la construcción, lanzamiento y operación de un satélite de alto rendimiento. Ya no se trata de si se puede, sino de por qué aún no se ha hecho.
El impacto sería inmediato. En educación, miles de escuelas rurales podrían acceder a plataformas digitales, clases en línea y bibliotecas virtuales. En salud, la telemedicina dejaría de ser una promesa para convertirse en una práctica cotidiana, capaz de salvar vidas en comunidades donde llegar a un hospital toma horas o días. En seguridad, el Estado contaría con una red autónoma para coordinar respuestas ante desastres naturales, controlar fronteras y enfrentar el crimen organizado.
Pero los beneficios no terminan ahí. Un satélite propio permitiría activar economías locales dormidas. Con acceso a internet, comunidades alejadas podrían integrarse al comercio electrónico, ofrecer servicios turísticos, participar en ferias virtuales o acceder a capacitaciones en línea. Lo que hoy es una economía de subsistencia podría convertirse en un ecosistema digital con emprendimientos, innovación y valor agregado.
Además, el Estado se volvería más eficiente y transparente. Menos del 3% de las entidades públicas usan hoy servicios satelitales, a pesar de la urgente necesidad de conectividad en oficinas descentralizadas. Una plataforma estatal permitiría digitalizar trámites, reducir el papeleo, facilitar la fiscalización y mejorar la atención al ciudadano. El camino hacia un gobierno digital pasa por tener una red propia, segura y de alcance nacional.
El argumento económico también es contundente. La inversión en un satélite, que oscila entre US$ 100 y US$ 300 millones, se amortiza en pocos años con los ahorros generados. Además, el Estado podría revender capacidad satelital a operadores privados, estimulando la competencia y bajando los precios para todos. Es una inversión que no solo se paga sola, sino que genera ingresos, activa mercados y dinamiza sectores enteros.
La defensa nacional también se vería fortalecida. Las Fuerzas Armadas hoy dependen de redes extranjeras para sus comunicaciones estratégicas. Un satélite propio garantizaría soberanía digital, permitiendo operaciones coordinadas, seguras y autónomas. En un mundo donde la ciberseguridad y la resiliencia frente a amenazas naturales son prioritarias, esta capacidad no es un lujo: es un escudo imprescindible.
La tecnología existe. La experiencia regional lo confirma: Brasil, Argentina y México ya cuentan con satélites propios que les han permitido reducir costos, ampliar coberturas y ganar independencia tecnológica. El Perú no tiene por qué seguir a la zaga.
Postergar esta decisión es perpetuar la exclusión. Cada día sin un satélite es un día más de niños sin clases digitales, pacientes sin diagnóstico oportuno, emprendedores sin mercado y funcionarios públicos sin herramientas modernas. No se trata solo de conectividad: se trata de justicia, desarrollo y soberanía.
El momento de actuar es ahora. El Perú tiene los recursos, la necesidad urgente y la tecnología disponible. Lo que falta es voluntad política para dar el salto. Un satélite propio no resolverá todos los problemas del país, pero puede ser el comienzo de una transformación estructural, donde estar conectado deje de ser un privilegio y se convierta, por fin, en un derecho.
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