En las últimas décadas la agroexportación...
La minería ilegal no solo amenaza el medio ambiente, los sistemas ecológicos de los parques nacionales, las reservas forestales y las concesiones formales de oro, sino que también representa un peligro devastador para las empresas formales que explotan el cobre nacional. Si las instituciones del Estado de derecho no combaten este flagelo que destruye el medio ambiente para las futuras generaciones, que no paga impuestos y no genera empleo formal, entonces está economía ilegal amenazará a la misma democracia, al propio Estado de derecho.
El Corredor Minero del Sur es la columna vertebral de la producción de cobre peruano, pues esta ruta de casi 500 kilómetros —que integra las regiones de Arequipa, Cusco y Apurímac— produce aproximadamente el 40% del cobre nacional. Es decir, US$ 11,000 millones de los más de US$ 28,000 millones de exportaciones en metal rojo del país.
La minería ilegal en cobre suele focalizarse en las reservas probadas que han desarrollado las empresas formales luego de años de inversión en trabajo, reservas probadas conseguidas luego de intensos procesos de exploración y que incrementan las reservas probadas de mineral del país y de toda la sociedad. Ante la ausencia del Estado de derecho en controlar las invasiones y asaltos de las concesiones formales de parte de los mineros ilegales y frente al superciclo de precios del cobre (la libra del metal rojo ha pasado los US$ 6) la economía ilegal de cobre se dispara sin control.
El problema se agravará hasta poner en jaque el Estado de derecho porque, simplemente, el cobre es uno de los principales metales de la IV Revolución industrial. Se proyecta que el consumo mundial del cobre crecerá en alrededor de un 25% hacia 2040, impulsado por la electrificación de la economía, los vehículos eléctricos, las energías renovables y la expansión de los centros de datos. En consecuencia, sin Estado de derecho, sin defensa del sistema de propiedad minera el cobre puede transformarse en grave problema para la sociedad.
Cada día, alrededor de 300 camiones trasladan mineral de origen ilegal por esta ruta, una magnitud que demuestra que ya no se trata de operaciones aisladas, sino de una cadena organizada de extracción, transporte y comercialización. En este contexto, cuál es la responsabilidad de la policía nacional (PNP), del Ministerio Público, del Poder Judicial y de la SUNAT en controlar las cadenas de extracción, procesamiento y comercialización a través de plantas de beneficio que deben ser fiscalizadas.
El avance de la minería ilegal golpea al Estado y a toda la sociedad. Los recursos que este corredor transfiere a sus regiones son cifras igual de extraordinarias. Las Bambas representa el 72% del PBI de Apurímac y ha generado más de 8,800 empleos directos, cifra que incrementa a 75,000 empleos si se considera la cadena de industria completa que mantiene en todas las regiones del corredor. Antapaccay en Cusco genera más de 4,500 empleos directos y 64,000 indirectos. Por su parte, Cerro Verde en Arequipa, crea más de 5,300 trabajadores directos y más de 60,000 indirectos.
Frente a la oportunidad histórica que representa el cobre para el desarrollo del Perú, la falta de Estado de derecho para contener el avance de esta economía ilegal puede transformar una bendición en una maldición. La nueva administración del país tiene que actuar de manera inmediata para controlar este flagelo que alimenta el desborde de la ola criminal en la sociedad.
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