¡A preservar el sistema de propiedad en minería, cueste lo que cueste!

Durante el mensaje presidencial de Fiestas Patrias, la presidente Keiko Fujimori no desarrolló grandes anuncios con respecto a la minería ilegal y la formalización minera. Quizá el formato del discurso y la prioridad de otras emergencias no lo posibilitó. Sin embargo, el combate a la minería ilegal en el Perú será un tema que definirá el éxito o el fracaso de la nueva administración.

La minería ilegal ya moviliza más de dos tercios de las sumas que administran las economías ilegales. La minería ilegal representa más de US$ 12,000 millones en exportaciones en oro, por ejemplo. Y si el Estado de derecho no asume su responsabilidad en la defensa de la Constitución y las leyes nacionales el asunto se agravará considerando que la onza de oro está entre los US$ 5,000 y US$ 6,000 y la libra del cobre cerca de los US$ 6.

El avance de la minería ilegal en el Perú no solo destruye los parques nacionales, las zonas de reserva ecológica y afecta la salud de las personas que utilizan las cuencas de los ríos, sino que violenta de gravedad el sistema de propiedad minera en el país. ¿A qué nos referimos? En la provincia de Pataz en La Libertad y en el corredor minero del sur –donde se produce el 40% del cobre nacional– los mineros ilegales han invadido y asaltado las reservas probadas en oro y cobre que las empresas formales han conseguido luego de años de inversión y trabajo.

¿Cómo pueden materializarse nuevas inversiones en minería si el Estado de derecho se pone de costado frente a la invasión de concesiones de empresas formales que pagan impuestos, preservan el medio ambiente, generan empleo y reducen la pobreza? 

Y lo peor de todo es que los sectores de la minería ilegal se atreven a desarrollar discursos sociales y políticos con el objeto de enfrentar a los pequeños mineros con las grandes corporaciones. Con ese objetivo proponen el concepto de “concesiones ociosas” en contra de las empresas formales. El objetivo: legitimar las invasiones de las minas formales para favorecer a los acopiadores que recolectan el mineral a través de algunas plantas que deben ser fiscalizadas. 

Para comprender la gravedad de este asunto es necesario entender cómo funciona el sistema de propiedad minera en el Perú que es el mismo sistema de Canadá, Australia, Chile y de todas las potencias mineras del planeta. 

Mediante este sistema de propiedad las cuadrículas con reservas probadas de mineral de una concesión están rodeadas por varias cuadrículas sin reservas confirmadas que deben ser exploradas para ampliar las reservas probadas de mineral y alargar la vida útil y la rentabilidad del proyecto minero. De esta manera las concesiones en ese sistema suelen tener más de 10,000 hectáreas (con reservas y sin reservas probadas). La corporación tituliza esa concesión y acude al sistema financiero internacional para conseguir financiamientos entre US$ 1,200 millones y US$ 10,000 millones (Ninguna empresa formal tiene ese dinero en caja).

Con el capital conseguido la empresa formal empieza a explotar el área con reservas probadas mientras desarrolla una frenética exploración para ampliar las reservas probadas de mineral. Es la única manera de rentabilizar el proyecto minero luego de pagar la obligación con el sistema financiero internacional.

De esta manera con la incesante e ininterrumpida exploración la empresa minera se rentabiliza, amplía las reservas probadas de mineral del país y beneficia a la sociedad en su conjunto. Con este sistema de propiedad minera el Perú ha llegado a convertirse en una potencia minera mundial junto a Australia, Canadá y Chile.

Hoy, los demagogos y populistas de la formalización minera pretenden señalar que las áreas con reservas exploradas por las empresas formales sin explotar pueden ser consideradas “concesiones ociosas”. Por ejemplo, el tajo Sulfobamba de la minera Las Bambas, una inversión de más de US$ 10,000 millones y la cuarta empresa de cobre del planeta, está invadido por mineros ilegales.

Algo más. Si el Estado de derecho no contiene y derrota a la minería ilegal este fenómeno se convertirá en un asunto de seguridad hemisférica: el crimen organizado mundial será notificado que en el Perú hay un negocio rentable.