¡A salvar la reforma política!

En medio de la feroz judicialización de la política y el evidente proceso de desinstitucionalización de la República, los demócratas del Perú —como si estuviésemos resignados a perder las instituciones— estamos dejando pasar un hecho incuestionable: que la reforma política ha sido bloqueada luego de que el presidente Martín Vizcarra señalara que apoyaba las tres primeras reformas constitucionales sancionadas por el Legislativo y que se oponía a la cuarta, a la bicameralidad.

En otras palabras, el Perú avanzaría a tener un congreso unicameral sin reelección parlamentaria en el preciso momento en que el último Ranking de Competitividad Global del Foro Económico Mundial señala que el Perú, en cuanto al pilar de instituciones, se ubica en el puesto 90 de un total de 140 países.
Como todos sabemos, luego de los CNM-Audios, y en medio de una dramática desaprobación del Legislativo, el presidente Vizcarra propuso que el Congreso aprobara cuatro reformas constitucionales para someterse a referéndum: la reforma del ex CNM (hoy Junta Nacional de Justicia), el financiamiento de los partidos, la no reelección congresal y la bicameralidad. En una demostración de impericia y desconciertos inexplicables, la mayoría legislativa se allanó a los términos, plazos y mecanismos para aprobar las señaladas reformas. Se sancionaron las cuatro reformas por separados. En ese contexto, a la bicameralidad se agregaron algunos artículos sobre la cuestión de confianza que podían alterar el equilibrio de poderes y, entonces, Vizcarra se pronunció en contra la bicameralidad.

La opinión del Ejecutivo en contra de la reforma de las dos cámaras se formuló no obstante que el propio Vizcarra había apoyado inicialmente la decisión del Congreso; y no obstante también que el PCM, César Villanueva, y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, habían votado a favor en el Congreso. Todo parece indicar, pues, que al jefe de Estado no le importaba demasiado la reforma política. De lo contrario, habría planteado diversas formas de acuerdo con el Legislativo para buscar una salida. El objetivo presidencial, pues, era la no reelección congresal para intentar desorganizar a la mayoría legislativa.
Ahora bien, al margen de yerros de los dos poderes, es evidente que el Perú necesita avanzar a la bicameralidad para restablecer el equilibrio de poderes y organizar unas fluidas relaciones Ejecutivo-Legislativo. Sobre todo luego de la terrible experiencia de los últimos dos años y medio de democracia, en que un Ejecutivo sin mayoría en el Congreso no se pudo entender con una mayoría legislativa que priorizó el perfil opositor antes que el impulso de reformas.

La experiencia reciente nos señala que cuando los poderes colisionan se necesita, con urgencia, el protagonismo de una cámara reflexiva: de los senadores, que suelen existir en todas las repúblicas. Por ejemplo, cuando se discutía el proceso de vacancia del ex presidente Kuczynski se solía hablar de una violación del debido proceso. Algo parecido se dijo con respecto a los procesos en el Legislativo en contra Kenji Fujimori y los Avengers. En el sistema bicameral, la cámara baja acusa y la asamblea de senadores juzga y resuelve. La propia existencia de las dos cámaras morigera, atenúa, posibles tiranías de las mayorías.

Por todas estas consideraciones el Ejecutivo y el Legislativo deberían encontrar una manera de salvar la bicameralidad para no desaprovechar esta circunstancia especial a favor de las reformas. Argumentos a favor de la bicameralidad más que sobran. Si en la casa de Pizarro no existe voluntad para hallar una salida a este entrampamiento de la reforma política, y más bien se prioriza el resultado político del referéndum —la voluntad de desorganizar a una bancada adversaria— quedará en evidencia que las reformas no importaban, que todo era una estratagema política para avanzar en el control de las instituciones.

Si se confirma esa intención, ¿qué estaríamos descubriendo? Si al presidente Vizcarra no le interesa la institucionalidad sino solo la popularidad, entonces el Perú asiste a un momento en que un proyecto cesarista avanza hacia el 2021 poniendo en peligro la República.