Bolivia sí es un Estado fallido que la región debe evitar

El progresismo se puso protocolar y diplomático y criticó la calificación del Estado fallido a Bolivia que hizo la presidente Boluarte en el mensaje de Fiestas Patrias. Sin embargo, más allá del protocolo, el gobierno del país altiplánico se convirtió en uno de los principales soportes del golpe fallido de Pedro Castillo y el intento del Foro de Sao Paulo –desde México hasta Chile– de derrotar la defensa del Estado de derecho que desarrollaron las instituciones democráticas nacionales.

Ahora bien, en Hispanoamérica, en América Latina, todos los ciudadanos de buena voluntad deben conocer y entender por qué Bolivia se convirtió en un Estado fallido, no obstante que es un país casi con la misma extensión territorial del Perú. Y la razón, como sucedió en los países de la ex Unión Soviética, como pasa en Venezuela, tiene que ver con el modelo estatista, con el régimen colectivista y la eliminación de los mercados y el sector privado como actores principales de la economía.

La sombra destructiva que alimenta el Estado fallido es la Constitución del 2009 que, en su artículo 1, señala que “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural…”. Es decir, todas las recetas, todos los ingredientes que se pretendieron aplicar en la Convención Constituyente en Chile, en el golpe fallido de Perú, y se pretende desarrollar en Colombia.

La Constitución de Bolivia consagra el Estado empresario, la regulación de los precios y mercados y el proteccionismo en general; en pocas palabras, todos los venenos que eliminó la Constitución peruana de 1993. Por ejemplo, en el artículo 56 se establece que “…toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social…Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo”. En otras palabras, el cuento de la función social de la propiedad que el progresismo ha pretendido acuñar en todas las sociedades libres.

Luego de la nacionalización del gas el modelo de sustitución de importaciones entró en una vorágine de fiesta y parranda. Bolivia crecía sobre el 4% y, ante el derrumbe e implosión del estatismo en Venezuela, el eje bolivariano y las izquierdas peruanas sostenían que el modelo de Evo Morales era el que se debía seguir. Sin embargo, la fiesta en Bolivia ha terminado porque no hubo inversión exploración en nuevos yacimientos de gas –sin sector privado– y el gas se comienza a acabar, no hay exportaciones y no hay dólares.

Para entender las cosas en Bolivia, vale señalar que el PBI de Bolivia suma alrededor de US$ 50,000 millones; es decir, menos de la quinta parte del PBI de Perú que suma más de US$ 270,000 millones. El gasto público ha llegado a representar el 80% del PBI, se calcula que el déficit fiscal este año representará el 12% del PBI y la inflación en el primer trimestre en el 2025 está en el orden del 15.5% (según datos de organismos multilaterales).

En este contexto se han acabado los dólares y no hay dinero para importar combustibles. Bolivia depende del 86% de importaciones en diésel y 50% en gasolina para abastecer la demanda interna, pero el sector privado no puede importar estos commodities porque existen subsidios del más del 50% en los precios con respecto a los costos internacionales.

Bolivia, el sueño y modelo de las izquierdas peruanas, avanza hacia su plena inviabilidad política, económica y social si no desarrolla un ajuste radical de su economía, tal como sucedió en el Perú y acaba de acaecer en Argentina. Con cerca de 40% de su población en pobreza, Bolivia se ha convertido en un estado fallido, sin viabilidad económica y con un derrumbe general del principio de autoridad estatal.

En este escenario las elecciones del próximo 17 de agosto anuncian la preeminencia de dos candidatos de derecha; sin embargo, no se podrá acabar con el Estado fallido si el nuevo gobierno y el nuevo Legislativo no avanzan hacia una reforma de la Constitución del 2009 y la eliminación del control político, institucional y militar del eje castrochavista en Bolivia.